Este trabajo presenta una valoración del contrato de aprendizaje que está regulado en la actualidad por la Ley 789 de 2002, en relación al vínculo surgido entre aprendices y empleadores donde se evidencia que se generan serie de contraprestaciones en el sistema de Seguridad Social, pero se omite de manera sistemática el subsistema correspondiente afiliación y pago a pensiones. El análisis muestra (i) como se conceptualiza el Contrato de Aprendizaje y su relación con el riesgo sobreviniente a la vejez, (ii) el origen del marco normativo que se ha desarrollado históricamente en Colombia hasta llegar a la Ley 789 de 2002 y (iii) el estudio del actor principal frente a la situación de seguridad social que enfrentan en la actualidad, donde se sustrae de los principios que regulan el derecho del trabajo y la Constitución Política, para establecer si existe alguna vulneración con la omisión en el pago a pensiones.