El juicio político en Colombia a la luz del derecho internacional

El juicio político es un acto del derecho procesal público, definido como un mecanismo de control o remedio que buscar idear acciones e instrumentos sancionatorios ante las desviaciones que ponen en riesgo la existencia o coexistencia de la democracia en los Estados de Derecho o Sociales de Derecho.

Puede afirmarse, que herramienta nace de actividades previas de evaluación que conducen hacer efectiva la declaratoria y cumplimiento de la responsabilidad parcial o absoluta que se cause en el seno de un Estado por parte de los sujetos públicos que lo integran. A diferencia de lo que podría pensarse, este instrumental no recae exclusivamente al interior de quienes edifican el poder punitivo de un país o lo que comúnmente en el Territorio Colombiano se ha denominado rama judicial, sino que, además busca represar la omisión activa o pasiva de los miembros de la rama ejecutiva del Estado, o lo que genéricamente se ha denominado altos funcionarios.

Lo anterior es ejecutado en cabeza de los máximos órganos constitucionales o jurisdiccionales de una circunscripción, en búsqueda de garantizar la separación de poderes, las excepciones enmarcadas y/o un ejercicio legítimo del acto político.

No obstante, no puede desconocerse que, durante su desarrollo suelen causarse extralimitaciones que comprometen los derechos, deberes y libertades que le son adjudicables a los partícipes de estos sectores pese a encontrarse implementado por instituciones certificadas en el uso legítimo e idóneo de su actividad juzgadora, verbigracia de lo anterior, puede aludirse al interior del Estado Colombiano lo acontecido dentro del Caso Gustavo Petro VS Colombia o la condena del exmagistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub ordenada por la Corte Suprema de Justicia, fallos que a la fecha no han sido desconocidos por las Cortes Internacionales en búsqueda de garantizar la licitud de las sanciones o condenas impuestas.

Por lo tanto, es imperante al interior de la comunidad académica y jurídica, elevar un teatro analítico sobre el funcionamiento de esta figura diacrónicamente en el Ordenamiento Colombiano, identificando una dicotomía practica y teórica de esta figura a la luz del Derecho Internacional, evaluando la legalidad o conducencia con la cual ha sido revestida su práctica en Colombia a partir de los sucesos acontecidos a la fecha.