Maestría en Derecho

URI permanente para esta colección

https://hdl.handle.net/11396/2944

Examinar

Mostrando 1 - 20 de 160

El principio del Non bis in ídem en procesos administrativos que buscan el resercimiento patrimonial del Estado
(Universidad La Gran Colombia, 2026) Rodriguez Peña, Lady Solanyuly; Mejia Ossman, Jaime
La investigación tuvo como objetivo analizar el principio de non bis in ídem en la coexistencia de los procesos de responsabilidad fiscal y administrativa en el Ejército Nacional en casos de pérdida de recursos públicos. Como objetivos específicos se plantearon diferenciar dichos procesos, describir la evolución jurisprudencial del principio y explicar su aplicación en las sanciones de cada régimen. El estudio se desarrolló con un enfoque cualitativo, de diseño dogmático-jurídico y método inductivo. La hipótesis postuló que la imposición concurrente de la sanción fiscal y la administrativa por los mismos hechos vulnera el non bis in ídem, dado que ambos procedimientos persiguen el mismo fin resarcitorio e implicarían una doble exigencia indemnizatoria. Se emplearon como técnicas el análisis normativo (Leyes 610 de 2000 y 1476 de 2011), el estudio jurisprudencial (pronunciamientos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado) y la revisión doctrinal. Los hallazgos evidenciaron que, si bien los regímenes de responsabilidad fiscal (Contraloría) y administrativa (Ejército) operan de forma autónoma y complementaria para salvaguardar el erario, comparten el objetivo de resarcir el daño patrimonial. En consecuencia, su aplicación simultánea genera una duplicidad sancionatoria sobre la misma conducta, lo cual tensiona la garantía del non bis in ídem. El estudio sugiere establecer mecanismos de coordinación procesal (p. ej., conexidad o prelación entre procedimientos) que eviten el doble juzgamiento, asegurando una respuesta estatal única y respetuosa del debido proceso.
Marco juridico del transporte internacional de carga terrestre y desafìos de la integraciòn regional en el Mercosur y la alianza del Pacìfico
(Universidad La Gran Colombia, 2026) Niño Díaz, Nidia Yanira; Caicedo Fraide, Eder Maylor
En un contexto de creciente interdependencia económica, los marcos jurídicos que regulan el transporte internacional de carga terrestre adquieren un papel determinante, pues de su coherencia, armonización y eficacia, depende la seguridad jurídica de los operadores, la fluidez del tránsito transfronterizo y la consolidación de los procesos de integración regional. la presente investigación tiene como propósito analizar, desde una perspectiva jurídico-comparada, el alcance y la efectividad de los marcos jurídicos y de los mecanismos institucionales que regulan el transporte internacional de carga terrestre en los procesos de integración regional de América Latina, particularmente en el Mercosur y la Alianza del Pacífico, con el fin de determinar en qué medida dichos instrumentos han permitido una armonización normativa efectiva que contribuya a la seguridad jurídica y a la competitividad regional. Desde el punto de vista metodológicos, la investigación documental ha resultado idónea porque permite un análisis sistemático, crítico y exhaustivo de tratados, normas nacionales, reglamentos, protocolos internacionales, estudios técnicos y doctrinas especializadas. Este tipo de investigación apoyada en fuentes primarias y secundarias verificables, posibilitó la identificación con precisión del nivel de coherencia entre las disposiciones formales y su implementación real dentro de los bloques regionales. En consecuencia, la investigación concluye que la armonización efectiva del transporte internacional de carga terrestre en América Latina no puede limitarse a la adopción de formal de acuerdos regionales, sino que requiere, un enfoque integral que combine reformas normativas internas, fortalecimiento institucional, cooperación intergubernamental y modernización tecnológica. En particular, resulta indispensable avanzar en la unificación progresivas de normas contractuales, la adopción de documentos de transporte estandarizados – incluida la carta de porte electrónica – y la creación de mecanismos regionales de seguimiento que aseguren el cumplimiento de los compromisos asumidos.
Responsabilidad del estado colombiano a partir del análisis del documento del acuerdo de paz
(Universidad La Gran Colombia, 2026) Alcalá Rodríguez, Laura Janneth; Tirado Acero, Misael
Se aborda la cuestión de la responsabilidad estatal de Colombia respecto del conflicto armado en Colombia a partir del análisis del Acuerdo Final de 2016. Esto se hace por medio de un análisis cualitativo de corte documental. Por ello se habla de la evolución histórica, jurídica y política de la responsabilidad estatal, desde los desarrollos previos a la Constitución de 1991 hasta la consolidación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado por el Acuerdo. También se examina cómo las sentencias del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Corte Interamericana ayudaron a configurar un marco de responsabilidad por acción, omisión y tolerancia, y cómo estos antecedentes influyeron en la redacción e implementación del Acuerdo. El estudio muestra que la responsabilidad estatal se expresa de manera multidimensional: como obligación jurídica, como compromiso político y como tarea institucional que exige coherencia entre los estándares internacionales y las políticas públicas. Se concluye que, aunque el Acuerdo representa un avance importante, su efectividad depende de la capacidad del Estado para garantizar presencia territorial, seguridad para las víctimas, estabilidad institucional y cumplimiento sostenido de las garantías de no repetición.
Régimen disciplinario aplicable a servidores de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P.
(Universidad La Gran Colombia, 2026) Amaya Tambo, Cristian Javier; Gamboa Medina, Jennyffer; Mejía Ossman, Jaime
El presente trabajo tiene como objetivo determinar el régimen disciplinario aplicable a los servidores de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, a partir del análisis de su naturaleza jurídica y de la normativa vigente en materia de responsabilidad disciplinaria. La investigación se desarrolló mediante un enfoque cualitativo con perspectiva socio jurídica, el cual resulta idóneo para analizar de manera crítica e interpretativa el régimen disciplinario aplicable a los servidores de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá. Este enfoque permite examinar el derecho como fenómeno normativo y social, abordando no solo las disposiciones legales vigentes (Constitución, Ley 142 de 1994, Ley 1952 de 2019, entre otras), sino también su aplicación práctica y las tensiones derivadas de la naturaleza jurídica híbrida de la ETB. En segundo lugar, se identificó el régimen laboral de sus trabajadores, vinculados mediante contratos de trabajo, regidos por el derecho privado. Finalmente, se analizaron los elementos estructurales del régimen disciplinario general y de los regímenes especiales previstos en la Ley 1952 de 2019, concluyendo que, pese a la vinculación contractual privada, los trabajadores de la empresa deben ser considerados servidores públicos en virtud de su pertenencia a una entidad con capital público mayoritario, por lo que les resulta aplicable para aquellos empleados que ostentan niveles directivos o ejercen funciones administrativas (firma de contratos, toma de decisiones de política interna, asignación de recursos) aplicarle la normatividad del Código General Disciplinario (CGD) y por su parte el personal de carrera o técnico, cuya labor se ciñe a tareas operativas o comerciales cotidianas, seguiría bajo el régimen laboral (CST) y su convención colectiva. Este hallazgo aporta al fortalecimiento de la transparencia y el control de la función pública en entidades con naturaleza jurídica híbrida, contribuyendo a la discusión académica y práctica sobre los alcances del derecho disciplinario en el contexto colombiano.
Responsabilidad del estado por el abuso de autoridad de los miembros del ESMAD en el marco de las manifestaciones en Bogotá 2020-2024
(Universidad La Gran Colombia, 2026) Tellez Camelo, Omar Dirceau; Garzon Buenaventura, Edgar Fabian
Analiza la responsabilidad patrimonial del Estado colombiano frente a los presuntos abusos de autoridad cometidos por miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), hoy Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), en el marco de las manifestaciones desarrolladas en Bogotá entre 2020 y 2024. El estudio parte del reconocimiento del monopolio legítimo de la fuerza que ostenta el Estado, pero enfatiza que dicho poder se encuentra limitado por los principios constitucionales de legalidad, necesidad, proporcionalidad y racionalidad. A partir de un enfoque sociojurídico cualitativo, descriptivo y analítico, se realizó una revisión sistemática del marco normativo nacional, la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, así como estándares internacionales en materia de derechos humanos y uso de la fuerza. De igual manera, se analizaron datos institucionales y patrones de litigiosidad relacionados con intervenciones del ESMAD en escenarios de protesta social. La investigación sostiene que la alteración del orden público no exonera automáticamente al Estado de responsabilidad cuando el uso de la fuerza resulta desproporcionado o genera daño antijurídico. En este contexto, se examinan los principales títulos de imputación aplicables —falla en el servicio, daño especial y riesgo excepcional— para determinar la posible configuración de responsabilidad patrimonial conforme al artículo 90 de la Constitución Política. Se concluye que, en diversos escenarios, las actuaciones de la fuerza pública pueden estructurar responsabilidad estatal cuando se demuestra incumplimiento de protocolos, uso indebido de armas menos letales o creación de riesgos superiores a los ordinarios. Asimismo, se evidencia una brecha entre el marco normativo existente y su aplicación práctica, lo cual plantea la necesidad de fortalecer mecanismos de supervisión, formación en derechos humanos y garantías de no repetición. El estudio aporta una reflexión jurídica sobre los límites constitucionales del uso de la fuerza en un Estado Social de Derecho y reafirma que la legitimidad institucional depende del equilibrio entre autoridad y protección efectiva de los derechos fundamentales.
Subsanación en los procesos de contratación pública en Colombia: aumento de la transparencia para combatir la corrupción
(Universidad La Gran Colombia, 2026) Pérez Vacca, Yuly Angélica; Cárdenas Martín, Juan de Dios; Joaquín Emilio, Acosta Rodríguez
La contratación pública en Colombia constituye uno de los instrumentos estratégicos de la actividad estatal, pues ofrece el marco mediante el cual se obtienen bienes, servicios y obras en función de las necesidades de los ciudadanos y del interés general. No obstante, el diseño y la ejecución de este instrumento registran tensiones en lo que atañe a la transparencia, la equidad, el acceso y las medidas de autorregulación frente a la corrupción. En este panorama se destaca la subsanación de requisitos habilitantes, mecanismo que habilita a los proponentes a enmendar defectos formales en la oferta sin que dicha adecuación introduzca modificaciones sustanciales o comprometa la paridad competitiva. El presente trabajo examina la trayectoria normativa y la praxis efectiva de la subsanación en el país, desde la Ley 80 de 1993 en adelante, incorporando las adecuaciones introducidas por la Ley 1882 de 2018 y las instrucciones de la Agencia Nacional de Compras, Colombia Compra Eficiente. Complementariamente, se registran los peligros derivados de la discrecionalidad que se confiere a las entidades, la indeterminación de los pliegos en los plazos, factores que propician posibles conflictos de interés y resortes de corrupción. Mediante el uso de un diseño documental y un análisis descriptivo, se extraen lecciones y sugerencias de carácter normativo, doctrinal y jurisprudencial, cuyo cumplimiento podría propiciar la racionalización, la efectividad y el fortalecimiento de la integridad en los procedimientos de contratación estatal. Los resultados destacan que una adecuada regulación y aplicación de la subsanación fortalece la transparencia, fomenta la competencia y brinda igualdad de oportunidades a los proponentes, lo cual repercute positivamente en la gestión de los recursos públicos y en la confianza ciudadana hacia las instituciones.
El derecho de petición de atención prioritaria como instrumento garantista del derecho a la salud: un enfoque desde la ponderación de derechos en sede administrativa
(Universidad La Gran Colombia, 2026) Castro Pérez, Hugo Armando; Velandia Canosa, Eduardo Andrés
El derecho de petición de atención prioritaria, regulado por el artículo 20 de la Ley Estatutaria 1755 de 2015, se configura como un instrumento garantista del derecho fundamental a la salud en el ordenamiento jurídico colombiano, al introducir una lógica de prelación administrativa orientada a la protección inmediata de derechos fundamentales. No obstante, su aplicación práctica evidencia una tensión estructural derivada de su insuficiente implementación administrativa, lo que debilita su función preventiva. Desde un enfoque cualitativo jurídico, descriptivo y analítico, el trabajo examina esta falencia a partir del análisis de jurisprudencia constitucional relevante y concluye que, aunque el trámite prioritario constituye una manifestación operativa de la ponderación en sede administrativa, su eficacia se ve limitada por la ausencia de protocolos claros y criterios uniformes, lo que exige fortalecer su implementación mediante lineamientos vinculantes que reduzcan la judicialización y garanticen una protección oportuna y efectiva del derecho a la salud.
Acto administrativo como elemento esencial para la toma de medidas de protección en casos de violencia en el contexto familiar dentro del municipio de Aquitania
(Universidad La Gran Colombia, 2026) Aguilera, Jenny katerine; Garzón Buenaventura, Edgar Fabián
En el municipio de Aquitania, se presentan bastantes casos de violencia en el contexto familiar. Las medidas de protección son solo una herramienta para tratar de evitar el ciclo de la violencia. Los patrones de violencia que ocurren dentro del entorno familiar varían según dos factores principales: la edad del individuo afectado y su rol específico dentro de la estructura familiar. En particular, cuando se analiza la violencia ejercida hacia las mujeres, se observa que los perpetradores son predominantemente masculinos. En el caso de menores de edad, los principales agresores suelen ser las figuras paternas. Por otro lado, cuando se trata de personas de edad avanzada, son generalmente sus propios descendientes quienes ejercen el maltrato. Las proyecciones demográficas en Colombia muestran una transformación en la estructura poblacional, donde se prevé un aumento significativo en la proporción de adultos mayores respecto a los grupos más jóvenes, evidenciando una tendencia hacia una distribución demográfica progresiva. Esta evolución poblacional podría resultar en un incremento de casos de violencia dirigida hacia este sector especialmente vulnerable de la sociedad. Más sin embargo, también se evidencia con preocupación, que los hombres durante los últimos años, han decidido no callar más y se han preocupado por sí mismos, a punto de incoar acciones de tipo administrativo o judicial, antes los entes correspondientes por ser víctimas también de esa violencia en el contexto familiar. Para las víctimas de violencia en el ámbito familiar, las Comisarías de Familia representan el primer punto de contacto con el sistema judicial. Este tipo de violencia no solo constituye una vulneración implícita de los derechos fundamentales, sino que también afecta directamente el bienestar físico y psicológico de los miembros del grupo familiar que sufren la agresión. Además, esta forma de violencia amenaza el derecho fundamental a la vida, el cual es considerado el más esencial de todos los derechos humanos, ya que su garantía es requisito indispensable para poder ejercer cualquier otro derecho. Entre las facultades preventivas otorgadas por la legislación a los Comisarios de Familia, destaca como fundamental su capacidad para implementar medidas de protección, cuyo propósito principal es evitar la reincidencia de episodios violentos. Resulta crucial enfatizar que estas medidas deben ser establecidas de manera anticipada, funcionando como un mecanismo preventivo para impedir futuros incidentes de violencia. Pero son estas medidas suficientes para evitar que se generen nuevamente hechos de violencia al interior de la familia, acaso este acto administrativo, que contiene medidas de protección hacia la víctima o víctimas de estas acciones catalogadas como delito, serán que se siente protegidas de su agresor, son estas medidas suficientes en realidad, cuando la realidad es otra, vemos como se tienen medidas y medidas pero las causas generadoras de este problema, no son atacadas verdaderamente, la fuente del problema, sigue allí, latente. Lamentablemente una de las principales causas que se evidencia a nivel del Municipio de Aquitania y del departamento de Boyacá, es la ingesta de bebidas embriagantes. No solo de las que están permitidas legalmente, también de bebidas artesanales (Licores adulterados) y fermentados como guarapo y chicha, entre otros. Este es un factor detonante (Causando al mismo tiempo deterioro en la integridad física) que se suma con otra causa, la celotipia y estos dos elementos juntos, detonan gravemente en consecuencias nefastas, de violencia en el contexto de la familia, antes, violencia intrafamiliar, donde todos los miembros de la familia sufren las consecuencias bien sea de manera física, verbal y psicológica, o aún más de manera sexual y económica, que son otros tipos de violencia. Es aquí donde observamos, en que ámbitos se da estos eventos violentos, por su edad, por su posición social, por el nivel de educación, entre otros. Es fundamental identificar que existen diversos sectores de la población que, debido a sus características específicas (ya sean étnicas, culturales, sociodemográficas, de género, orientación sexual o etapa de vida) se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Por lo tanto, estas poblaciones necesitan un tratamiento especializado que considere sus condiciones particulares, con el objetivo de reducir las desigualdades existentes, son un claro componente de las causas de la violencia y que se reflejan precisamente en esas distinciones, que los hacen distintos y más vulnerables a las situaciones de violencia. Por ello, es indispensable que teniendo en cuenta las víctimas y los factores de ocurrencia de los hechos violentos, seamos participes de la solución en la prevención y sensibilización de temáticas relacionadas con la convivencia, pero ser más rigurosos y severos con la sanción; es aquí donde las redes sociales, la televisión y los medios de comunicación en general, tienen un papel importante como fuentes de información, tienen una labor muy importante en la sociedad que es comunicar, informar, medios de protección, métodos de prevención y búsqueda de ayuda primaria y a la mano; resulta esencial desarrollar programas de concientización y educación dirigidos a todos los miembros de la comunidad familiar, con el fin de crear conciencia sobre la necesidad de prevenir y erradicar esta problemática social.
Preacuedos y negociaciones en delitos de corrupción y su impacto en la reparación a las víctimas
(Universidad La Gran Colombia, 2025) Sepúlveda Villa, Juan Pablo; Bolivar Mojica, Eyder
El presente estudio explora, desde una perspectiva teórica y empírica, la relación entre los preacuerdos judiciales y su impacto en la reparación integral de las víctimas en casos de corrupción, con un enfoque específico en el departamento del Tolima. Aunque los resultados cuantitativos revelan datos significativos—como que solo el 28% de los preacuerdos incluyen medidas de no repetición y que el 82% de las víctimas desconocen los términos de dichos acuerdos—, el aporte teórico del documento es particularmente robusto. Se analiza cómo la jurisprudencia colombiana ha abordado este tema, destacándose la Sentencia C-591/05 de la Corte Constitucional, que establece que los preacuerdos deben garantizar la reparación integral. Sin embargo, ¿Qué ocurre cuando esta normativa no se cumple cabalmente? Aquí radica uno de los principales debates del trabajo: aunque el marco legal es claro, su implementación práctica evidencia serias deficiencias. Desde el punto de vista teórico, el estudio profundiza en conceptos clave como la justicia premial y restaurativa, la proporcionalidad punitiva y la equidad procesal. Según Vargas (2018), la justicia no puede ser solo un mecanismo técnico, sino también un instrumento de transformación social (p.78), lo cual subraya la necesidad de reformular los incentivos institucionales para priorizar la dignidad de las víctimas sobre la mera eficiencia judicial. Además, se destaca que la discrecionalidad fiscal y la presión por descongestionar el sistema penal han llevado a prácticas cuestionables; por ejemplo, el 60% de los jueces homologan acuerdos rápidos sin verificar proporcionalidad o justicia restaurativa… Un hallazgo alarmante que pone en entredicho la legitimidad del sistema judicial En este contexto, el análisis crítico de doctrinas como la opacidad judicial; (Rodríguez, 2021, p.65) resulta fundamental para comprender cómo la falta de transparencia reproduce inequidades estructurales. Finalmente, el trabajo no solo describe problemas prácticos, sino que también ofrece reflexiones profundas sobre el papel de la justicia en sociedades democráticas. Los preacuerdos, según la Corte Suprema de Justicia (2020), deben ser vistos no solo como herramientas para resolver casos rápidamente, sino también como medios para fortalecer la confianza pública en las instituciones. No obstante, como señala González (2021, p.12), el sistema oscila entre dos polos: la necesidad pragmática de descongestión judicial y el imperativo ético de sanciones ejemplarizantes. Este dilema se refleja claramente en los resultados del estudio, donde la ausencia de publicidad en audiencias (60%) está directamente relacionada con la insatisfacción de las víctimas (45%). Así, el documento concluye que, para garantizar la efectividad de los preacuerdos, es necesario implementar protocolos obligatorios que aseguren la participación activa de las víctimas y la inclusión de medidas reparatorias efectivas. ¿Estamos listos para asumir este reto? Esa es la pregunta que este trabajo busca responder.
Impacto de la violencia física y la corrupción en la participación política de las comunidades afrodescendientes en Buenaventura (2020-2023)
(Universidad La Gran Colombia, 2025) Riascos Riascos, Jerson Jair; Barreiro Gómez, Juan Andrés; Garzón Buenaventura, Edgar Fabián
El presente trabajo de investigación analiza cómo la violencia y la corrupción han afectado la participación política de las comunidades afrodescendientes en Buenaventura, un puerto clave en Colombia. A pesar de su importancia económica, la ciudad enfrenta serios problemas sociales, como un alto índice de desempleo y necesidades básicas insatisfechas, lo que ha llevado a una situación de vulnerabilidad para sus habitantes. La investigación busca comprender las dinámicas que limitan el acceso a procesos democráticos y cómo estas afectan la calidad de vida de las comunidades afrodescendientes. La violencia en Buenaventura, exacerbada por el conflicto armado y la lucha entre grupos delictivos, ha creado un ambiente de miedo que impacta especialmente a jóvenes y mujeres. Este contexto de inseguridad ha resultado en desplazamientos forzados y ha dificultado la participación activa de estas comunidades en la política local. Además, la corrupción ha permeado las estructuras gubernamentales, debilitando la efectividad de los programas públicos destinados a mejorar la vida de los bonaverenses y socavando la confianza en las instituciones. El estudio plantea como objetivo general, analizar los actos de violencia física y de corrupción en la participación política entre el 2020-2023 que limitan a las comunidades afrodescendientes. Para ello, se establecen objetivos específicos que incluyen la evaluación de la violencia física y la corrupción en Buenaventura, identificando los mecanismos por los cuales estas dinámicas limitan el ejercicio pleno de los derechos democráticos de las comunidades afrodescendientes, además, examinar cómo el fraude electoral y las prácticas corruptas han influido en los procesos electorales en Buenaventura y, por último, proponer estrategias multidimensionales basadas en modelos de gobernanza participativa que permitan garantizar procesos democráticos transparentes y justos en Buenaventura.
Cargas administrativas en la fecundación in vitro: revisión crítica del desarrollo jurídico de la sentencia SU-074 de 2020
(Universidad La Gran Colombia, 2025) Muñoz Belalcázar, Renato Andrés; Barrgán Ferro, Diego David
Este estudio analiza la protección del derecho a la autodeterminación reproductiva en el orden constitucional colombiano, a partir de los efectos jurídicos y administrativos derivados de la Sentencia de Unificación 074 de 2020, mediante la cual la Corte Constitucional ordenó garantizar el acceso a los tratamientos de fertilización in vitro, a pesar de su exclusión del Plan de Beneficios en Salud. La investigación se centra en el impacto de esta decisión sobre la estructura funcional de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), a la cual se le impusieron cargas administrativas que desbordan su diseño legal, como respuesta a un vacío normativo que el legislador no ha resuelto. La metodología adoptada fue de carácter cualitativo, basada en el análisis jurisprudencial y documental, e incluyó también referencias de derecho comparado, doctrina y estudio de casos, con el fin de evaluar la coherencia entre el propósito de la sentencia, sus directrices y los efectos generados en la gestión pública. Los hallazgos evidencian avances sustantivos en la protección judicial de los derechos reproductivos; sin embargo, también ponen de manifiesto la ausencia de una acción legislativa eficaz, lo cual ha generado distorsiones en la distribución de competencias administrativas dentro del sistema de salud. Como conclusión, se plantea una disuasión argumentativa frente al enfoque jurisprudencial que impone cargas institucionales a entidades como la ADRES, sin respaldo legal claro. En su lugar, se propone recurrir a mecanismos institucionales más adecuados, como la activación del medio de control de cumplimiento y el trámite incidental ante omisión legislativa, los cuales permitirían garantizar los derechos fundamentales sin comprometer la funcionalidad del sistema de salud colombiano.
Análisis probatorio en el desequilibrio económico que puede presentar el contratista con ocasión a la ejecución de los contratos de suministros en Colombia
(Universidad La Gran Colombia, 2025) Palacios Martínez, Daianys Jhoan; Mira Diaz, Juan Camilo; Acosta Rodriguez, Joaquin Emilio
El contenido extraído destaca las persistentes disparidades económicas que enfrentan los contratistas en el sistema de contratación pública colombiano, a pesar de los esfuerzos por mejorar la transparencia y reducir la corrupción. Desafíos como la gestión de complejos procedimientos de adjudicación, la gestión de conflictos de interés y la fluctuación de los costos de los materiales y los cambios regulatorios siguen obstaculizando la igualdad de oportunidades para los contratistas, especialmente en un contexto de alta desigualdad socioeconómica. Factores como las fluctuaciones monetarias y los cambios impredecibles en las políticas exacerban aún más los desequilibrios económicos, lo que pone de relieve la necesidad de políticas integrales que promuevan la competencia justa y la estabilidad en el sector de la construcción. El concepto de desequilibrio económico en la contratación se refiere a situaciones en las que la equivalencia inicialmente acordada entre las partes se ve alterada debido a factores ajenos al control del contratista, como fluctuaciones del mercado o imprevistos. Según la normativa colombiana, es fundamental que el contratista fundamente las reclamaciones de desequilibrio con pruebas detalladas que demuestren cómo y por qué se ha afectado el equilibrio contractual. La carga de la prueba recae en el demandante, y un análisis exhaustivo de los factores relevantes —incluidas las condiciones económicas, la duración del contrato y la documentación de respaldo— es esencial para garantizar una resolución justa y la equidad contractual
Justicia en el Cauca profundo: Caso Inzá, Cauca, Colombia.
(Universidad La Gran Colombia, 2025) Castellanos Ramos, Jhonatan Camilo; Tirado Acero, Misael
La presente investigación se centra en el derecho a la reparación integral en contextos de conflicto armado, abordando la responsabilidad del Estado colombiano frente a comunidades históricamente vulneradas. Se toma como caso de estudio a las comunidades indígenas Nasa y campesinas del municipio de Inzá, departamento del Cauca. Desde un enfoque sociojurídico, intercultural y participativo, se examinan las prácticas comunitarias de reparación y su relación con el marco normativo estatal. La investigación parte del análisis sobre si las medidas de reparación impulsadas desde el Estado colombiano logran articularse con las visiones propias de justicia y dignidad de las comunidades indígenas y campesinas del Cauca, o si, por el contrario, reproducen esquemas excluyentes. En este marco, el estudio propone que toda política de reparación integral debe orientarse hacia la incorporación efectiva de liderazgos territoriales, saberes ancestrales y mecanismos de participación genuina, como condición para una reparación transformadora, culturalmente pertinente y con enfoque territorial. Se espera que los hallazgos de este estudio contribuyan a seguir fortaleciendo el reconocimiento de la diferencia cultural en los procesos de justicia transicional, en consonancia con los avances normativos nacionales e internacionales, así como con las prácticas comunitarias ya en marcha. Asimismo, se pretende que esta investigación sirva como insumo para las comunidades y los gobiernos locales, regionales y nacionales en la formulación de políticas públicas culturalmente pertinentes que dignifiquen a las víctimas y promuevan una paz con justicia social.
Problemas del poder sancionatorio de los partidos políticos en el régimen de bancadas
(Universidad La Gran Colombia, 2025) Hernández Oyola, Alex Fernando; Cardona Suárez, María Fernanda; Ortega, German
La presente investigación tiene como objetivo exponer como la potestad disciplinaria atribuida por la ley de bancadas 974 de 2005 a los partidos políticos, con relación a las sanciones de suspensión y privación del derecho al voto de los congresistas que se alejen de la postura de la bancada, configura una contradicción con la imposibilidad de restringir derechos políticos sin autorización judicial que ha establecido la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH, 2020), en caso Petro Urrego vs Colombia. Además, proponer dos vías de solución a la contradicción normativa, a saber: 1) la necesidad de reforma legal y constitucional respecto de la facultad sancionatoria de los partidos políticos respecto de miembros de elección popular; y, 2) una interpretación sistemática y restrictiva para establecer la restricción de la facultad disciplinaria de los partidos políticos a solo medidas no restrictivas de derechos políticos, además de supeditar ésta a la revisión de una instancia judicial posterior para que dichas sanciones queden jurídicamente ejecutoriadas.
La delimitación urbana del Plan de Ordenamiento Territorial de Villavicencio como una barrera normativa al despliegue del servicio público de Telecomunicaciones
(Universidad La Gran Colombia, 2025) Urrego Castellanos, Bryan Camilo; Tirado Acero, Misael
Esta investigación analiza el conflicto normativo entre la legislación nacional que promueve el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones como un servicio público esencial y las restricciones impuestas por los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) municipales, específicamente en la ciudad de Villavicencio. Se examina cómo estas barreras locales afectan la conectividad digital, el acceso a derechos fundamentales y generan incertidumbre jurídica para los funcionarios públicos encargados de aplicar estas normativas. El estudio propone la necesidad de armonizar la autonomía territorial con las obligaciones legales superiores, buscando soluciones que incluyan la actualización de los POT, lineamientos nacionales claros, mecanismos ágiles de conciliación normativa y la capacitación de funcionarios públicos. Se concluye que la conectividad debe ser entendida como un derecho fundamental en el contexto actual, y que su garantía exige una adecuada coordinación interinstitucional.
La inoperancia de los criterios de desempate en los pliegos tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte en Colombia
(Universidad La Gran Colombia, 2025) Vargas Pava, Andrea Julieth; Vargas Pava, Edwin Ricardo; Acosta Rodriguez, Joaquín Emilio; Velandia Canosa, Eduardo Andres; Carvajal Martinez, Jorge Enrique
Con la presente investigación se realizó un estudio y un análisis sobre el avance de los pliegos tipo en los procesos de obra pública de Infraestructura de Transporte en Colombia, teniendo en cuenta los factores de ponderación para identificar si se ha presentado empate en la selección de los contratistas, que conlleve a aplicar los criterios de desempate que trata el Artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, la cual tiene como finalidad el emprendimiento, el crecimiento, la consolidación y la sostenibilidad de las empresas. Si bien es cierto que la pandemia ocasionada por la Covid-19 trajo retos sociales en diversos ámbitos, hoy tenemos como reto social la búsqueda y la aplicación de medios que permitan contrarrestar el impacto económico y social en los diversos sectores sociales de nuestro país. Concluimos que el sistema jurídico a nivel nacional, debe aplicar de la mejor manera la inclusión de criterios de selección de contratista en los documentos tipo, que conlleven a la cumplir y aplicar la Ley 2069 de 2020 para contribuir de manera eficiente la reactivación de la economía del país, estableciendo un enfoque diferencial respecto a los a las poblaciones más vulnerables, que les permita avanzar en su actividad.
Generalidades y panorama jurisprudencial actualizado del régimen de responsabilidad estatal frente a los soldados conscriptos
(Universidad La Gran Colombia, 2025) Cubillos Contreras, Ana Milena; Quintero Castañeda, Camilo; Barragán, Diego David
El presente trabajo académico describe los principales aspectos que involucra el régimen de responsabilidad extracontractual y patrimonial del Estado por los daños generados a las personas quienes resultan afectadas en cumplimiento del deber constitucional de prestar el servicio militar obligatorio, con miras a delimitar las cuestiones más complejas, difíciles y problemáticas que han caracterizado a dicho régimen de responsabilidad estatal y que han dado lugar a marcadas divergencias o discrepancias de criterios en la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En virtud de ello, el trabajo realiza una revisión general de las fuentes jurídicas de carácter documental que permiten analizar tanto las generalidades, las cuestiones primordiales y las aristas más relevantes de la responsabilidad del Estado frente a los soldados conscriptos, a la luz de la jurisprudencia actual y más reciente; con miras a comprender el alcance y las implicaciones que tiene dicho régimen de responsabilidad dentro del ordenamiento jurídico colombiano.
Efectividad de la aplicación del principio de oportunidad en el ejercicio de la defensa técnica del delito de violencia intrafamiliar entre cónyuges o esposos
(Universidad La Gran Colombia, 2025) Avellaneda Rodriguez, Ruben Dario; Preciado Villabon, Marlon Javier; Caicedo Fraide, Eder Maylor
Este texto tiene como objetivo evidenciar cuán efectivo puede ser este mecanismo jurídico como la mejor herramienta legal para encontrar una salida favorable a las partes en el delito de violencia dentro del hogar, especialmente cuando las partes no tienen antecedentes previos y la acción se llevó a cabo impulsivamente. Aunque los participantes consideran que se trata de un suceso pasajero, la ley no absuelve ni perdona tales comportamientos, debido a la gravedad de las sanciones impuestas, en el contexto actual de protección de género. Esto significa que no se otorgan beneficios o alternativas, hasta el punto de que, incluso en la etapa de imputación, algunos fiscales solicitan medidas de detención en prisiones como una acción excepcional, lo que a menudo conlleva la disolución del hogar debido a las responsabilidades que enfrentan los implicados
Estándares de prueba de la corte IDH en procesos disciplinarios y su aplicación en Colombia
(Universidad La Gran Colombia, 2025) Ramírez Mesa, Luz Adriana; Díaz Zamora, María Jimena; Garzón Buenaventura, Edgar Fabían
Para contextualizar esta investigación, partimos de un análisis del estado del arte, en el cual se identificaron varios ejes temáticos que configuran el debate académico y jurisprudencial sobre los estándares probatorios y el debido proceso en el procedimiento disciplinario, a la luz del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En primer lugar, se examina el debido proceso como pilar fundamental del procedimiento sancionatorio. En esta línea, trabajos como el de Balcázar-Chuquipiondo (2024) y Robles-Pagador y Ventura-González (2024) evidencian cómo la falta de claridad en la motivación de las decisiones disciplinarias, así como la incorporación acrítica de pruebas obtenidas en etapas previas, vulneran garantías básicas del investigado. Además, la reflexión sobre el uso de pruebas ilícitas, especialmente en procedimientos donde no opera la lógica adversarial estricta, ha sido desarrollada por Olivos Portugal y Roby (2020). Estas autoras destacan que excluir pruebas obtenidas en contravención de derechos fundamentales no solo garantiza el debido proceso, sino que se convierte en una herramienta eficaz para prevenir prácticas autoritarias como la tortura o la coacción. En segundo lugar, el control de convencionalidad aparece como una herramienta interpretativa imprescindible. Aquí destaco el trabajo de César Ayala (2013), quien explica cómo este control no se agota en las altas cortes, sino que es una exigencia para todas las autoridades del Estado, incluso las administrativas. Esta perspectiva se refuerza en el enfoque de Paola Andrea Acosta (2015), quien desarrolla el concepto de constitucionalismo multinivel y afirma que los operadores jurídicos deben participar activamente en un diálogo judicial que integre los estándares del sistema interamericano en la interpretación interna. En el ámbito probatorio, se advierte una tensión entre la sana crítica como principio y su aplicación concreta. Así lo analiza Rodrigo Coloma (2012), quien se pregunta si realmente importa la sana crítica cuando las decisiones se adoptan sin fundamentos racionales suficientes, especialmente en contextos disciplinarios. Esta crítica resulta pertinente para revisar cómo se valoran las pruebas provenientes de actuaciones previas al proceso formal. En tercer lugar, desde una visión latinoamericana comparada, se resalta la investigación de Díaz García y Urzúa Gacitúa (2018), quienes denuncian cómo en Chile el procedimiento disciplinario adolece de garantías básicas, situación que permite establecer paralelismos con Colombia, donde, pese a los avances normativos de la Ley 1952 de 2019 y su modificación por la Ley 2094 de 2021, persisten déficits estructurales que afectan la contradicción, la motivación y la publicidad de las decisiones, como también lo expone Hernández Villamizar et al. (2020). Finalmente, los aportes de Luis Mora (2009) y Rodríguez (2023) permiten observar cómo el derecho disciplinario colombiano ha sido entendido tradicionalmente desde una lógica correctiva o represiva, en lugar de una lógica preventiva y garantista. En este sentido, Sergio Mondragón (2020) plantea la necesidad de someter el poder disciplinario a un control judicial más riguroso, como mecanismo de contención frente a decisiones que pueden limitar derechos fundamentales. En conclusión, tenemos que el estado del arte evidencia un panorama complejo en el que coexisten esfuerzos normativos e interpretativos por armonizar el procedimiento disciplinario colombiano con los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sin embargo, a partir del análisis realizado, se constató que los estándares probatorios desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos no mantienen un diálogo constante, coherente ni sistemático con el ordenamiento jurídico colombiano.
El fraccionamiento del contrato estatal en colombia y su implicación en el principio de planeación
(Universidad La Gran Colombia, 2025) Gómez Bedoya, Paula Andrea; Menéses Quintana, Orlando
En Colombia, el fraccionamiento de los contratos estatales hace referencia a la práctica de dividir un contrato en unos más pequeños con menor cuantía, con el fin de evitar procesos de licitación pública con más rigor, también para eludir ciertos controles y requisitos legales establecidos para estos contratos que por sus especificaciones técnicas y el costo total requieren un mayor control. Esta práctica puede conducir a la violación del principio de planeación, lo cual generaría una mala inversión de los recursos públicos. Este fenómeno estaba determinado taxativamente en el Decreto Ley 222 de 1983, el anterior Estatuto de Contratación, que en su artículo 56 establecía la prohibición de la fracción de los contratos, sin importar su cuantía. No obstante, no existe norma penal o disciplinaria que contenga la sanción frente a la mala conducta de fraccionar los contratos estatales, a pesar que, con dicha actividad, no solo se genere una afectación al principio de planeación, sino además generando circunstancias de competencia desleal, además de la afectación a otros principios relevantes en la contratación estatal, tales como la selección objetiva y la transparencia.

Examinar

Envíos recientes