Maestría en Derecho

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https://hdl.handle.net/11396/2944

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Cargas administrativas en la fecundación in vitro: revisión crítica del desarrollo jurídico de la sentencia SU-074 de 2020
(Universidad La Gran Colombia, 2025) Muñoz Belalcázar, Renato Andrés; Barrgán Ferro, Diego David
Este estudio analiza la protección del derecho a la autodeterminación reproductiva en el orden constitucional colombiano, a partir de los efectos jurídicos y administrativos derivados de la Sentencia de Unificación 074 de 2020, mediante la cual la Corte Constitucional ordenó garantizar el acceso a los tratamientos de fertilización in vitro, a pesar de su exclusión del Plan de Beneficios en Salud. La investigación se centra en el impacto de esta decisión sobre la estructura funcional de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), a la cual se le impusieron cargas administrativas que desbordan su diseño legal, como respuesta a un vacío normativo que el legislador no ha resuelto. La metodología adoptada fue de carácter cualitativo, basada en el análisis jurisprudencial y documental, e incluyó también referencias de derecho comparado, doctrina y estudio de casos, con el fin de evaluar la coherencia entre el propósito de la sentencia, sus directrices y los efectos generados en la gestión pública. Los hallazgos evidencian avances sustantivos en la protección judicial de los derechos reproductivos; sin embargo, también ponen de manifiesto la ausencia de una acción legislativa eficaz, lo cual ha generado distorsiones en la distribución de competencias administrativas dentro del sistema de salud. Como conclusión, se plantea una disuasión argumentativa frente al enfoque jurisprudencial que impone cargas institucionales a entidades como la ADRES, sin respaldo legal claro. En su lugar, se propone recurrir a mecanismos institucionales más adecuados, como la activación del medio de control de cumplimiento y el trámite incidental ante omisión legislativa, los cuales permitirían garantizar los derechos fundamentales sin comprometer la funcionalidad del sistema de salud colombiano.
Análisis probatorio en el desequilibrio económico que puede presentar el contratista con ocasión a la ejecución de los contratos de suministros en Colombia
(Universidad La Gran Colombia, 2025) Palacios Martínez, Daianys Jhoan; Mira Diaz, Juan Camilo; Acosta Rodriguez, Joaquin Emilio
El contenido extraído destaca las persistentes disparidades económicas que enfrentan los contratistas en el sistema de contratación pública colombiano, a pesar de los esfuerzos por mejorar la transparencia y reducir la corrupción. Desafíos como la gestión de complejos procedimientos de adjudicación, la gestión de conflictos de interés y la fluctuación de los costos de los materiales y los cambios regulatorios siguen obstaculizando la igualdad de oportunidades para los contratistas, especialmente en un contexto de alta desigualdad socioeconómica. Factores como las fluctuaciones monetarias y los cambios impredecibles en las políticas exacerban aún más los desequilibrios económicos, lo que pone de relieve la necesidad de políticas integrales que promuevan la competencia justa y la estabilidad en el sector de la construcción. El concepto de desequilibrio económico en la contratación se refiere a situaciones en las que la equivalencia inicialmente acordada entre las partes se ve alterada debido a factores ajenos al control del contratista, como fluctuaciones del mercado o imprevistos. Según la normativa colombiana, es fundamental que el contratista fundamente las reclamaciones de desequilibrio con pruebas detalladas que demuestren cómo y por qué se ha afectado el equilibrio contractual. La carga de la prueba recae en el demandante, y un análisis exhaustivo de los factores relevantes —incluidas las condiciones económicas, la duración del contrato y la documentación de respaldo— es esencial para garantizar una resolución justa y la equidad contractual
Justicia en el Cauca profundo: Caso Inzá, Cauca, Colombia.
(Universidad La Gran Colombia, 2025) Castellanos Ramos, Jhonatan Camilo; Tirado Acero, Misael
La presente investigación se centra en el derecho a la reparación integral en contextos de conflicto armado, abordando la responsabilidad del Estado colombiano frente a comunidades históricamente vulneradas. Se toma como caso de estudio a las comunidades indígenas Nasa y campesinas del municipio de Inzá, departamento del Cauca. Desde un enfoque sociojurídico, intercultural y participativo, se examinan las prácticas comunitarias de reparación y su relación con el marco normativo estatal. La investigación parte del análisis sobre si las medidas de reparación impulsadas desde el Estado colombiano logran articularse con las visiones propias de justicia y dignidad de las comunidades indígenas y campesinas del Cauca, o si, por el contrario, reproducen esquemas excluyentes. En este marco, el estudio propone que toda política de reparación integral debe orientarse hacia la incorporación efectiva de liderazgos territoriales, saberes ancestrales y mecanismos de participación genuina, como condición para una reparación transformadora, culturalmente pertinente y con enfoque territorial. Se espera que los hallazgos de este estudio contribuyan a seguir fortaleciendo el reconocimiento de la diferencia cultural en los procesos de justicia transicional, en consonancia con los avances normativos nacionales e internacionales, así como con las prácticas comunitarias ya en marcha. Asimismo, se pretende que esta investigación sirva como insumo para las comunidades y los gobiernos locales, regionales y nacionales en la formulación de políticas públicas culturalmente pertinentes que dignifiquen a las víctimas y promuevan una paz con justicia social.
Problemas del poder sancionatorio de los partidos políticos en el régimen de bancadas
(Universidad La Gran Colombia, 2025) Hernández Oyola, Alex Fernando; Cardona Suárez, María Fernanda; Ortega, German
La presente investigación tiene como objetivo exponer como la potestad disciplinaria atribuida por la ley de bancadas 974 de 2005 a los partidos políticos, con relación a las sanciones de suspensión y privación del derecho al voto de los congresistas que se alejen de la postura de la bancada, configura una contradicción con la imposibilidad de restringir derechos políticos sin autorización judicial que ha establecido la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH, 2020), en caso Petro Urrego vs Colombia. Además, proponer dos vías de solución a la contradicción normativa, a saber: 1) la necesidad de reforma legal y constitucional respecto de la facultad sancionatoria de los partidos políticos respecto de miembros de elección popular; y, 2) una interpretación sistemática y restrictiva para establecer la restricción de la facultad disciplinaria de los partidos políticos a solo medidas no restrictivas de derechos políticos, además de supeditar ésta a la revisión de una instancia judicial posterior para que dichas sanciones queden jurídicamente ejecutoriadas.
La delimitación urbana del Plan de Ordenamiento Territorial de Villavicencio como una barrera normativa al despliegue del servicio público de Telecomunicaciones
(Universidad La Gran Colombia, 2025) Urrego Castellanos, Bryan Camilo; Tirado Acero, Misael
Esta investigación analiza el conflicto normativo entre la legislación nacional que promueve el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones como un servicio público esencial y las restricciones impuestas por los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) municipales, específicamente en la ciudad de Villavicencio. Se examina cómo estas barreras locales afectan la conectividad digital, el acceso a derechos fundamentales y generan incertidumbre jurídica para los funcionarios públicos encargados de aplicar estas normativas. El estudio propone la necesidad de armonizar la autonomía territorial con las obligaciones legales superiores, buscando soluciones que incluyan la actualización de los POT, lineamientos nacionales claros, mecanismos ágiles de conciliación normativa y la capacitación de funcionarios públicos. Se concluye que la conectividad debe ser entendida como un derecho fundamental en el contexto actual, y que su garantía exige una adecuada coordinación interinstitucional.
La inoperancia de los criterios de desempate en los pliegos tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte en Colombia
(Universidad La Gran Colombia, 2025) Vargas Pava, Andrea Julieth; Vargas Pava, Edwin Ricardo; Acosta Rodriguez, Joaquín Emilio; Velandia Canosa, Eduardo Andres; Carvajal Martinez, Jorge Enrique
Con la presente investigación se realizó un estudio y un análisis sobre el avance de los pliegos tipo en los procesos de obra pública de Infraestructura de Transporte en Colombia, teniendo en cuenta los factores de ponderación para identificar si se ha presentado empate en la selección de los contratistas, que conlleve a aplicar los criterios de desempate que trata el Artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, la cual tiene como finalidad el emprendimiento, el crecimiento, la consolidación y la sostenibilidad de las empresas. Si bien es cierto que la pandemia ocasionada por la Covid-19 trajo retos sociales en diversos ámbitos, hoy tenemos como reto social la búsqueda y la aplicación de medios que permitan contrarrestar el impacto económico y social en los diversos sectores sociales de nuestro país. Concluimos que el sistema jurídico a nivel nacional, debe aplicar de la mejor manera la inclusión de criterios de selección de contratista en los documentos tipo, que conlleven a la cumplir y aplicar la Ley 2069 de 2020 para contribuir de manera eficiente la reactivación de la economía del país, estableciendo un enfoque diferencial respecto a los a las poblaciones más vulnerables, que les permita avanzar en su actividad.
Generalidades y panorama jurisprudencial actualizado del régimen de responsabilidad estatal frente a los soldados conscriptos
(Universidad La Gran Colombia, 2025) Cubillos Contreras, Ana Milena; Quintero Castañeda, Camilo; Barragán, Diego David
El presente trabajo académico describe los principales aspectos que involucra el régimen de responsabilidad extracontractual y patrimonial del Estado por los daños generados a las personas quienes resultan afectadas en cumplimiento del deber constitucional de prestar el servicio militar obligatorio, con miras a delimitar las cuestiones más complejas, difíciles y problemáticas que han caracterizado a dicho régimen de responsabilidad estatal y que han dado lugar a marcadas divergencias o discrepancias de criterios en la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En virtud de ello, el trabajo realiza una revisión general de las fuentes jurídicas de carácter documental que permiten analizar tanto las generalidades, las cuestiones primordiales y las aristas más relevantes de la responsabilidad del Estado frente a los soldados conscriptos, a la luz de la jurisprudencia actual y más reciente; con miras a comprender el alcance y las implicaciones que tiene dicho régimen de responsabilidad dentro del ordenamiento jurídico colombiano.
Efectividad de la aplicación del principio de oportunidad en el ejercicio de la defensa técnica del delito de violencia intrafamiliar entre cónyuges o esposos
(Universidad La Gran Colombia, 2025) Avellaneda Rodriguez, Ruben Dario; Preciado Villabon, Marlon Javier; Caicedo Fraide, Eder Maylor
Este texto tiene como objetivo evidenciar cuán efectivo puede ser este mecanismo jurídico como la mejor herramienta legal para encontrar una salida favorable a las partes en el delito de violencia dentro del hogar, especialmente cuando las partes no tienen antecedentes previos y la acción se llevó a cabo impulsivamente. Aunque los participantes consideran que se trata de un suceso pasajero, la ley no absuelve ni perdona tales comportamientos, debido a la gravedad de las sanciones impuestas, en el contexto actual de protección de género. Esto significa que no se otorgan beneficios o alternativas, hasta el punto de que, incluso en la etapa de imputación, algunos fiscales solicitan medidas de detención en prisiones como una acción excepcional, lo que a menudo conlleva la disolución del hogar debido a las responsabilidades que enfrentan los implicados
Estándares de prueba de la corte IDH en procesos disciplinarios y su aplicación en Colombia
(Universidad La Gran Colombia, 2025) Ramírez Mesa, Luz Adriana; Díaz Zamora, María Jimena; Garzón Buenaventura, Edgar Fabían
Para contextualizar esta investigación, partimos de un análisis del estado del arte, en el cual se identificaron varios ejes temáticos que configuran el debate académico y jurisprudencial sobre los estándares probatorios y el debido proceso en el procedimiento disciplinario, a la luz del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En primer lugar, se examina el debido proceso como pilar fundamental del procedimiento sancionatorio. En esta línea, trabajos como el de Balcázar-Chuquipiondo (2024) y Robles-Pagador y Ventura-González (2024) evidencian cómo la falta de claridad en la motivación de las decisiones disciplinarias, así como la incorporación acrítica de pruebas obtenidas en etapas previas, vulneran garantías básicas del investigado. Además, la reflexión sobre el uso de pruebas ilícitas, especialmente en procedimientos donde no opera la lógica adversarial estricta, ha sido desarrollada por Olivos Portugal y Roby (2020). Estas autoras destacan que excluir pruebas obtenidas en contravención de derechos fundamentales no solo garantiza el debido proceso, sino que se convierte en una herramienta eficaz para prevenir prácticas autoritarias como la tortura o la coacción. En segundo lugar, el control de convencionalidad aparece como una herramienta interpretativa imprescindible. Aquí destaco el trabajo de César Ayala (2013), quien explica cómo este control no se agota en las altas cortes, sino que es una exigencia para todas las autoridades del Estado, incluso las administrativas. Esta perspectiva se refuerza en el enfoque de Paola Andrea Acosta (2015), quien desarrolla el concepto de constitucionalismo multinivel y afirma que los operadores jurídicos deben participar activamente en un diálogo judicial que integre los estándares del sistema interamericano en la interpretación interna. En el ámbito probatorio, se advierte una tensión entre la sana crítica como principio y su aplicación concreta. Así lo analiza Rodrigo Coloma (2012), quien se pregunta si realmente importa la sana crítica cuando las decisiones se adoptan sin fundamentos racionales suficientes, especialmente en contextos disciplinarios. Esta crítica resulta pertinente para revisar cómo se valoran las pruebas provenientes de actuaciones previas al proceso formal. En tercer lugar, desde una visión latinoamericana comparada, se resalta la investigación de Díaz García y Urzúa Gacitúa (2018), quienes denuncian cómo en Chile el procedimiento disciplinario adolece de garantías básicas, situación que permite establecer paralelismos con Colombia, donde, pese a los avances normativos de la Ley 1952 de 2019 y su modificación por la Ley 2094 de 2021, persisten déficits estructurales que afectan la contradicción, la motivación y la publicidad de las decisiones, como también lo expone Hernández Villamizar et al. (2020). Finalmente, los aportes de Luis Mora (2009) y Rodríguez (2023) permiten observar cómo el derecho disciplinario colombiano ha sido entendido tradicionalmente desde una lógica correctiva o represiva, en lugar de una lógica preventiva y garantista. En este sentido, Sergio Mondragón (2020) plantea la necesidad de someter el poder disciplinario a un control judicial más riguroso, como mecanismo de contención frente a decisiones que pueden limitar derechos fundamentales. En conclusión, tenemos que el estado del arte evidencia un panorama complejo en el que coexisten esfuerzos normativos e interpretativos por armonizar el procedimiento disciplinario colombiano con los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sin embargo, a partir del análisis realizado, se constató que los estándares probatorios desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos no mantienen un diálogo constante, coherente ni sistemático con el ordenamiento jurídico colombiano.
El fraccionamiento del contrato estatal en colombia y su implicación en el principio de planeación
(Universidad La Gran Colombia, 2025) Gómez Bedoya, Paula Andrea; Menéses Quintana, Orlando
En Colombia, el fraccionamiento de los contratos estatales hace referencia a la práctica de dividir un contrato en unos más pequeños con menor cuantía, con el fin de evitar procesos de licitación pública con más rigor, también para eludir ciertos controles y requisitos legales establecidos para estos contratos que por sus especificaciones técnicas y el costo total requieren un mayor control. Esta práctica puede conducir a la violación del principio de planeación, lo cual generaría una mala inversión de los recursos públicos. Este fenómeno estaba determinado taxativamente en el Decreto Ley 222 de 1983, el anterior Estatuto de Contratación, que en su artículo 56 establecía la prohibición de la fracción de los contratos, sin importar su cuantía. No obstante, no existe norma penal o disciplinaria que contenga la sanción frente a la mala conducta de fraccionar los contratos estatales, a pesar que, con dicha actividad, no solo se genere una afectación al principio de planeación, sino además generando circunstancias de competencia desleal, además de la afectación a otros principios relevantes en la contratación estatal, tales como la selección objetiva y la transparencia.
Voto electrónico en Colombia: lecciones del derecho comparado para una implementación efectiva
(Universidad La Gran Colombia, 2025) Hernandez Mariño, Towahrd Enrique; Barragan Ferro, Diego
Este trabajo analiza el estancamiento en la implementación del voto electrónico en Colombia, a pesar de contar con un marco normativo favorable desde 2004 y disposiciones constitucionales que lo exigen. Se identifican los principales obstáculos que han impedido su avance, tales como la falta de voluntad política, la debilidad institucional, el déficit de infraestructura tecnológica y la desconfianza ciudadana hacia el sistema electoral. A partir de un enfoque de derecho comparado, se estudian experiencias internacionales exitosas en países como Brasil, Estonia y Suiza, con el propósito de extraer lecciones aplicables al contexto colombiano. La investigación adopta un enfoque cualitativo, sustentado en análisis documental y revisión de literatura académica y normativa, para determinar los elementos jurídicos, técnicos y sociales que deben articularse en una hoja de ruta efectiva. Además, se examinan los impactos de la no implementación, tales como la persistencia de fraudes electorales, el bajo nivel de participación ciudadana y la dificultad para garantizar elecciones inclusivas y transparentes, especialmente en zonas rurales y con brechas digitales. Se concluye que, para lograr una transición efectiva al voto electrónico, es necesario un compromiso interinstitucional, inversión en infraestructura digital, educación ciudadana y una actualización del marco normativo que garantice seguridad, transparencia y equidad en los procesos electorales. Palabras Clave: Democracia digital, derecho comparado, participación política, seguridad electoral, sistema electoral colombiano, tecnología y derecho, voto electrónico.
Viabilidad de la aplicación del principio de oportunidad en la justicia penal militar en Colombia
(Universidad La Gran Colombia, 2025) Torres Lopez, Carlos Arturo; Caceres Tovar, Victor Manuel
Este trabajo analiza la viabilidad de implementar el principio de oportunidad en la Justicia Penal Militar Colombiana (JPM), enmarcando su estudio en las tensiones entre eficiencia judicial, disciplina militar y protección de los derechos humanos. A través de una metodología cualitativa y una revisión normativa, doctrinal y jurisprudencial, se identifican los antecedentes del principio de oportunidad en el derecho penal colombiano y su exclusión en el ámbito castrense tras la Sentencia C-326 de 2016 de la Corte Constitucional. El estudio profundiza en los riesgos y beneficios de su eventual incorporación en la JPM, destacando su potencial para reducir la congestión judicial y facilitar una respuesta más rápida y proporcional en delitos menores, sin comprometer los valores institucionales de la Fuerza Pública. Con base en estos hallazgos, se propone un modelo de regulación gradual, con delimitación precisa de los casos en que procedería su aplicación, mecanismos de control interno y externo, y garantías reforzadas para las víctimas. Además, se presenta una estrategia de implementación progresiva, acompañada de evaluación institucional periódica y retroalimentación normativa, orientada a asegurar la legalidad, transparencia y eficacia del mecanismo. Finalmente, se concluye que su adopción podría fortalecer el sistema penal militar si se ejecuta bajo condiciones estrictas de legalidad, control y protección de derechos.
El Precedente administrativo como política de prevención del daño antijurídico en Colombia
(Universidad La Gran Colombia, 2025) Rodriguez Covaleda, Camilo Alfonso; Velandia Canosa, Eduardo Andrés
El precedente es una institución jurídica utilizada en los sistemas de derecho anglosajón para dar aplicación de una disposición anterior frente a casos similares que se presentan. Con relación a su origen, proviene del sistema de derecho inglés Common Law y se reconoce como una institución jurídica que obliga a todas las autoridades judiciales y administrativas a actuar conforme a los fallos de las altas cortes cuando se trata de decidir sobre casos similares, su finalidad es mantener una balanza de justicia y garantizar coherencia en el ordenamiento jurídico. En Colombia, se cree que el origen del precedente administrativo está en el Artículo 4 de la Ley 169 de 1896 bajo la figura de doctrina probable, no obstante, siempre fue cuestionada su fuerza vinculante y no era utilizado regularmente por las autoridades administrativas. Luego, con la elaboración de la Constitución Política de 1991 se hizo referencia únicamente al precedente judicial en el Artículo 230 donde se le otorgó el carácter de fuente auxiliar del derecho. El precedente administrativo surgió a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional que hizo referencia a las autoridades administrativas y su deber de seguir los precedentes, sin embargo, todavía es desconocido y es cuestionado por la academia. Por lo anterior, fue necesario estudiar el tema, partiendo de un análisis de pronunciamientos de la Corte Constitucional para determinar la fuerza vinculante del precedente administrativo, identificar su relación con los principios constitucionales, y finalmente proponer su aplicación como política de prevención del daño antijurídico para reducir la litigiosidad.
Eventual detrimento patrimonial en el distrito capital por deficiencias al control de los contratos de prestación de servicios (2018-2022)
(Universidad La Gran Colombia, 2025) Arroyo Paternina, Jose Alfredo; Jiménez, William Guillermo
El Contrato de prestación de servicios (CPS), es una figura que utiliza el gobierno Colombiano para satisfacer sus necesidades laborales, que deben ajustarse a un plan anual de la adquisición de bienes y servicios su naturaleza es civil, pero en el desarrollo de este contrato, se transforma dando origen a un contrato realidad de donde nacen las demandas que se constituyen en un posible detrimento patrimonial para la gestión pública del Distrito Capital, por las deficiencias al control de los (CPS) en un lapso de cinco años (2018 a 2022), medido por los fallos judiciales sobre contrato realidad subyacente. El estudio de estos contratos, está basado en las estadísticas enviadas por el Distrito Capital, donde se demuestran los pasivos causados por los fallos adversos de esta clase de demandas en cinco años, con pagos promedio de treinta y seis mil setecientos millones, una suma considerable que se puede decidir en detrimento, por la negligencia el mal uso y otros factores al ser indolente con el manejo inadecuado de los activos del Estado, pero hay otros motivos que incitan a que el Estado celebre estos contratos, como es el hecho de que se estaría ahorrando mucho más en el no pago de las prestaciones sociales, por estos servicios, teniendo en cuenta que existe una media de un millón de contratos de prestación de servicios a nivel nacional aproximadamente, que contribuyen a la administración gubernamental ayudando a mantener el cumplimiento de una labor, bajo normas laborales subyacentes, que en contravía de muchas disposiciones judiciales, el Estado hace caso Omiso a sus observaciones. Cuáles son los beneficios que adquiere el Estado con la celebración de estas clase de contratos?, no se tiene una estadística pero se presume, que sería un ahorro muy grande a nivel nacional por el no pago de las prestaciones sociales y no hay conocimiento por el equilibrio económico entre retribuir sus demanda o ahorrarse unas prestaciones sociales, esta clase de contratación se ha Convertido en una forma clásica de hacer política a nivel nacional, amparados por la necesidad de trabajo y de esta forma se promueven los contratos para pagar favores políticos que se dan a nivel nacional, razón por la cual en una reforma laboral, solo hacen referencia a que no se siga utilizando esta clase de contratos por lo controversial
Inconstitucionalidad de los decretos legislativos en el marco de las emergencias económicas sociales y ecológicas destinadas a conjurar la crisis por la pandemia del covid-19 y la guajira y sus efectos jurídicos para el sistema colombiano
(Universidad La Gran Colombia, 2025) Circa Barriga, Blanca Yaneth; Jiménez Benitez, William Guillermo
El 6 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social confirmó el primer caso de COVID-19 en Colombia, luego de realizar los análisis correspondientes a una paciente de 19 años. El 17 de marzo, con 75 casos ya reportados en el país, el gobierno nacional recurrió a uno de los estados de excepción previstos en la Constitución, decretando el Estado de Emergencia Económica y Social. A partir de ese momento, y amparado en las facultades extraordinarias que le otorga la ley, el presidente Iván Duque expidió una serie de decretos con el fin de hacer frente a la crisis sanitaria y económica que se estaba generando. En total, se emitieron 115 decretos legislativos, los cuales fueron posteriormente sometidos al control de la Corte Constitucional, encargada de verificar su conformidad con la Carta Magna. Muchos de estos decretos fueron declarados inexequibles por la Corte, a pesar de haber sido aplicados y ejecutados previamente. En julio de 2023, el presidente Gustavo Petro Urrego, también respaldado por facultades extraordinarias, expidió el Decreto 1085 de 2023, mediante el cual declaró la emergencia en el departamento de La Guajira. A raíz de este decreto, se emitieron 11 decretos adicionales relacionados con la misma emergencia. Sin embargo, dicho decreto fue revisado por la Corte Constitucional, que lo declaró inexequible. Aunque este proceso de revisión forma parte integral del Estado de Derecho colombiano, en el que la separación de poderes y el control mutuo son fundamentales, la declaración de inconstitucionalidad de dichos actos, no deja de generar incertidumbre y efectos secundarios en el sistema jurídico del país y en las personas afectadas por las medidas adoptadas, por lo que se hace necesario establecer, cuáles vendrían a ser las consecuencias jurídicas que se derivan de la declaratoria de inexequibilidad y qué efectos produjeron dichos decretos durante su vigencia sobre las situaciones jurídicas consolidadas bajo su amparo.
La caducidad en la acción de repetición en Colombia: un análisis a la luz del control de convencionalidad
(Universidad La Gran Colombia, 2025) Otalora Arias, Israel; Barragán Ferro, Diego David
A través de las líneas que siguen el presente contenido, se plantea la epistemología de la acción de repetición, tomando en consideración algunos referentes de carácter internacional que pueden nutrir el estado de la cuestión para el caso colombiano. La jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha indicado que la capacidad jurídica del Estado para entrar a responder patrimonialmente a través de las instituciones públicas por las actuaciones de sus agentes ha tenido valiosos orígenes a recordar en la que se le otorgó competencia al Consejo de Estado para conocer de las acciones reparatorias por daños antijurídicos atribuibles a las entidades públicas . El decreto-ley 150, 1976, hace referencia a la responsabilidad patrimonial de los agentes públicos, relacionada con la actividad contractual de la administración, daba cuenta de la acción de responsabilidad patrimonial contra los agentes públicos, bajo el título de “responsabilidad civil”. En consecuencia, en el Estatuto Contractual de la Nación se instituyó la responsabilidad de los agentes estatales de forma solidaria con la entidad condenada, la cual fue parcial, porque se enfocó a la actividad contractual. Por tal durante esta presentación deseo un estado de arte y una presentación de las conclusiones de algunos casos que se han presentado tanto en Colombia como en la región para hacer un acto reflexivo sobre las acciones que los servidores públicos deben cumplir y así establecer un punto de encuentro entre todos los partícipes de esta discusión para así no volver a repetir estas acciones que desangran las arcas y el erario.
Las medidas aplicadas ante incumplimientos en contratos interadministrativos de la sdis y el idiprom: un análisis del periodo 2016-2022
(Universidad La Gran Colombia, 2025) Pinedo Meneses, Carlos Andres; Fuentes Mancipe, Mónica María
Este análisis se centra en casos específicos donde la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) y otras entidades del Distrito Capital aplicaron medidas de incumplimiento en contratos interadministrativos durante el periodo 2016-2022. El objetivo es identificar los tipos de incumplimiento más frecuentes, las medidas correctivas o sancionatorias implementadas y las lecciones aprendidas de estas experiencias. Para ello, se realiza la revisión de la evolución histórica del fenómeno del incumplimiento contractual desde un enfoque general a través de la normatividad que regula la contratación pública colombiana, estableciendo como parámetro temporal inicial al Decreto 222 de 1983 y como parámetro temporal final, hasta el momento, la Ley 1474 de 2011, la cual permitirá identificar casos concretos de incumplimiento entre estas entidades durante el periodo 2016-2022. Finalmente, se analizarán figuras como el contrato interadministrativo, el contrato de seguro y el actual procedimiento administrativo sancionatorio de declaratoria de incumplimiento contractual contemplado en el artículo 86 de la Ley 1474, con el propósito de identificar las variables y sanciones en cada caso en particular.
Análisis comparativo del contenido y temas legislativos sancionados durante los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro en sus primeros dos años
(Universidad La Gran Colombia, 2025) Londoño Navarro, Laura Milena; Fernández Ortega, Alfredo Simón
Resumen Este estudio presenta un análisis comparativo del contenido legislativo sancionado durante los primeros dos años de los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro en Colombia. Para ello, se emplearon diversas técnicas de extracción de texto (PyPDF y OCR Tesseract) que permitieron obtener de manera eficiente y precisa el contenido de las leyes. Posteriormente, se aplicaron metodologías avanzadas de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) para el modelado y agrupación de tópicos utilizando la librería BERTopic. Este modelo, combinado con UMAP como técnica de reducción de dimensionalidad y HDBSCAN para el clustering, se configuró en tres métodos distintos que variaron en el modelo de embeddings, la vectorización del texto (completo vs. palabras clave extraídas con YAKE) y los parámetros de UMAP/HDBSCAN. El objetivo principal fue identificar y comparar las prioridades legislativas de ambos gobiernos mediante la frecuencia de palabras clave y la distribución temática de los documentos legislativos, aplicando filtros para eliminar términos irrelevantes y enfocándose en los términos más representativos de cada corpus. Los resultados revelan diferencias significativas en las agendas legislativas de ambos periodos. La producción legislativa del gobierno de Gustavo Petro se centra en la protección de derechos (especialmente de mujeres y víctimas), la cooperación internacional, la promoción cultural y la conservación ambiental. En contraste, la producción legislativa del gobierno de Iván Duque prioriza la salud, la educación, las políticas financieras y la estabilización económica, con un enfoque adicional en el deporte y la seguridad alimentaria. Además, se observó que el método de Embeddings Robustos + Texto Completo, logró el mejor equilibrio entre diversidad temática y cohesión, asignando casi todos los documentos a tópicos coherentes. Este estudio subraya la eficacia de las técnicas de PLN y los modelos de embeddings en el análisis legislativo, proporcionando una herramienta valiosa para comprender las prioridades políticas y la evolución de las agendas públicas en diferentes administraciones.
Garantía de principios y derechos fundamentales en casos de retractación en el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años
(Universidad La Gran Colombia, 2025) Cuervo Pardo, Luz Angela; Vargas, Helmer Orlando; Torres Vásquez, Henry
La investigación se enfoca en evidenciar cómo la retractación de los testimonios de menores presuntas víctimas genera una serie de incertidumbres procesales que pueden poner en peligro los derechos fundamentales tanto de la víctima como del acusado, ello por cuanto el testimonio del menor es crucial para la acusación, por lo tanto, cualquier cambio o revocación de dicha declaración puede afectar la credibilidad de la acusación y alterar la presunción de inocencia del acusado; comprometiendo la igualdad de armas, máxime si la defensa no tiene acceso completo a la retractación ni a los elementos que podrían contradecir o modificar la versión inicial de los hechos. Igualmente, el derecho a la defensa se ve limitado cuando las restricciones procesales para proteger la integridad emocional del menor dificultan la confrontación directa del testimonio, un derecho esencial del acusado en un proceso penal. El trabajo concluye que la retractación en estos casos no solo afecta la validez del testimonio; también distorsiona el equilibrio procesal si no se gestionan adecuadamente los derechos tanto de la víctima como del acusado. La investigación propone una revisión de los procedimientos legales y judiciales, sugiriendo que se implementen protocolos más estrictos para manejar los testimonios de menores y garantizar un acceso equitativo a la defensa; desde un enfoque interdisciplinario que involucre a psicólogos forenses, abogados y jueces en la valoración de testimonios de menores, a fin de evitar sesgos y garantizar una justicia equilibrada en que se garantice la protección de derechos fundamentales y fortalezcan el debido proceso.
La prohibición de regreso en el tipo penal de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte en Colombia
(Universidad La Gran Colombia, 2025) Díaz Sarmiento, Nestor Andrés; Moya Vargas, Manuel Fernando
Se analiza la tipificación del tipo penal de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte en Colombia y la verificación de la consideración de la teoría de la prohibición de regreso para comprender el impacto en el ordenamiento jurídico, y en el conjunto de la sociedad, para entender cómo estas decisiones judiciales y legales afectan, desde el ciudadano común hasta las instituciones que conforman nuestro tejido social, este trabajo puede generar conocimientos sobre el abordaje efectivo, justo y objetivo de los desafíos planteados frente a este tipo penal, equilibrando la necesidad de combatir la delincuencia y salvaguardar los derechos humanos. El objetivo general es determinar cómo se tipifica el tipo penal de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte (TRÁFICO) en Colombia en el ordenamiento jurídico interno. Como metodología se utiliza una investigación documental con enfoque cualitativo, no experimental, de naturaleza descriptiva. El autor concluye que la jurisprudencia en Colombia, particularmente en casos de transporte de estupefacientes, evidencia una tendencia matizada y contextualizada del delito de tráfico de estupefacientes, esta tendencia se manifiesta especialmente en la aplicación de la doctrina de la prohibición de regreso y en la evaluación de la responsabilidad penal de los transportistas que enfatiza la necesidad de probar no solo el acto físico de transportar la sustancia, sino también la intención delictiva del acusado.

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