Cobro Coactivo vs Derechos Fundamentales: Un análisis a los derechos fundamentales de cada ciudadano en un procedimiento de cobro coactivo en Colombia.
Fecha
2022Autor
Bustos Vivas, Juan Manuel
Ladino González, Luis Roberto
Título obtenido
Especialista en Derecho Administrativo
Director de tesis
Mazuera Ayala, PaulaPublicador
Universidad La Gran Colombia
Facultad
Facultad de Postgrados
Programa
Especialización en Derecho Administrativo
Citación
Compartir
Resumen
Este trabajo de investigación analiza si la aplicación del cobro coactivo en Colombia a fin de
obtener el cobro de una multa impuesta por la Administración Pública, genera violaciones de
derechos fundamentales a los administrados en especial el derecho al debido proceso.
Lo anterior mediante un método hermenéutico jurídico de investigación mediante el cual se analiza
(i) la normativa de la jurisdicción del cobro coactivo; (ii) se hace un análisis ponderante entre los
derechos fundamentales como lo es el debido proceso y el cobro coactivo de la Administración
Pública; y (iii) se establece en que tiempo la Administración Pública deberá iniciar un proceso
ejecutivo de cobro coactivo sin vulnerar ningún derecho fundamental.
Todo el análisis arroja que vulnera el cobro coactivo el debido proceso, mediante notificaciones
indebidas que integran el procedimiento de cobro en jurisdicción coactiva, y circunstancias donde
la Administración omite los parámetros del mandamiento de pago en la debida comunicación que
se le debe hacer al particular.
Abstract
This research work analyzes whether the application of coercive collection in Colombia in order
to obtain the collection of a fine imposed by the Public Administration, generates violations of
fundamental rights to those administered, especially the right to due process.
The foregoing through a legal hermeneutic method of investigation through which (i) the
regulations of the jurisdiction of coercive collection are analyzed; (ii) a weighting analysis is made
between fundamental rights such as due process and the coercive collection of the Public
Administration; and (iii) it is established in which time the Public Administration must initiate an
executive process of coercive collection without violating any fundamental right.
All the analysis shows that coercive collection violates due process, through improper notifications
that make up the collection procedure in coercive jurisdiction, and circumstances where the
Administration omits the parameters of the payment order in the due communication that must be
made to the individual.