La desviación de poder en materia contractual se puede definir, como la función administrativa ejercida por el servidor público, con el propósito de favorecer a un tercero, dejando de lado el fin legítimo que persigue la ley con la atribución de la respectiva competencia. Es así, que el precepto constitucional desarrollado por el artículo 3° de la ley 489 de 1998, que señala como principios de la función administrativa los atinentes a moralidad, responsabilidad y transparencia, lo mismo que por el artículo 23 de la ley 80 de 1993, establece que las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y, de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa.