De acuerdo con la doctrina siempre que exista un derecho o pauta normativa, esta debe gozar de validez y haber sido creada de acuerdo con unas reglas determinadas y contentiva de pautas corrección. Sin embargo, en el marco del Estado Social de Derecho y de la función judicial asistimos a un proceso de preponderancia de la creación de enunciados jurídicos y pautas de decisión a través de procesos de interpretación normativa por parte de los jueces, en uso de una atribución creativa que le corresponde al legislador (art. 150 y ss. de la CP de 1991). Obedeciendo dicha situación a dos factores, por un lado, a una pretensión de eficacia normativa en términos de protección de derechos y, por otro, a una pretensión de completitud del sistema constitucional (González, 2002). Lo anterior, genera tensión en torno a la validez de las normas producidas o reconocidas por vía jurisprudencial. De allí que sea pertinente analizar la validez jurídica de dichos enunciados normativos desde un plano teórico en el marco de la Constitución colombiana, los diversos paradigmas de la interpretación y la lógica jurídica.