Con el artículo se pretende demostrar que la discrecionalidad judicial en los procesos ordinarios denominados casos difíciles y/o trágicos está limitada por los diferentes valores y principios positivados en la Constitución Política, por el bloque de constitucionalidad estricto y por la determinación que de los textos constitucionales vagos hacen el Congreso y la Corte Constitucional. Textos abiertos dentro del orden jurídico colombiano como el de moral, justicia, vida digna y orden público, entre otros, constituyen el basamento para afirmar que la Constitución Política de 1991 contiene gran carga valorativa, cuya precisión depende del contexto discursivo limitado en el tiempo y en el espacio por los métodos de interpretación vigentes, por las ideologías y modelos económicos imperantes (Guastini, 2010), y en general por las necesidades sociales. Igualmente se harán explicitas las normas constitucionales que obligan a los jueces a realizar juicios de valor al decidir cada caso, más concretamente se demostrará que la validez de las normas jurídicas pende del cumplimiento de los procedimientos democráticos de expedición de normas, y del respeto por los contenidos valorativos de la dogmática constitucional.