Jiménez Benitez, William GuillermoCirca Barriga, Blanca Yaneth2025-07-082025-07-082025https://hdl.handle.net/11396/8857El 6 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social confirmó el primer caso de COVID-19 en Colombia, luego de realizar los análisis correspondientes a una paciente de 19 años. El 17 de marzo, con 75 casos ya reportados en el país, el gobierno nacional recurrió a uno de los estados de excepción previstos en la Constitución, decretando el Estado de Emergencia Económica y Social. A partir de ese momento, y amparado en las facultades extraordinarias que le otorga la ley, el presidente Iván Duque expidió una serie de decretos con el fin de hacer frente a la crisis sanitaria y económica que se estaba generando. En total, se emitieron 115 decretos legislativos, los cuales fueron posteriormente sometidos al control de la Corte Constitucional, encargada de verificar su conformidad con la Carta Magna. Muchos de estos decretos fueron declarados inexequibles por la Corte, a pesar de haber sido aplicados y ejecutados previamente. En julio de 2023, el presidente Gustavo Petro Urrego, también respaldado por facultades extraordinarias, expidió el Decreto 1085 de 2023, mediante el cual declaró la emergencia en el departamento de La Guajira. A raíz de este decreto, se emitieron 11 decretos adicionales relacionados con la misma emergencia. Sin embargo, dicho decreto fue revisado por la Corte Constitucional, que lo declaró inexequible. Aunque este proceso de revisión forma parte integral del Estado de Derecho colombiano, en el que la separación de poderes y el control mutuo son fundamentales, la declaración de inconstitucionalidad de dichos actos, no deja de generar incertidumbre y efectos secundarios en el sistema jurídico del país y en las personas afectadas por las medidas adoptadas, por lo que se hace necesario establecer, cuáles vendrían a ser las consecuencias jurídicas que se derivan de la declaratoria de inexequibilidad y qué efectos produjeron dichos decretos durante su vigencia sobre las situaciones jurídicas consolidadas bajo su amparo.On March 6, 2020, the Ministry of Health and Social Protection confirmed the first case of COVID-19 in Colombia, after conducting the necessary tests on a 19-year-old patient. On March 17, with 75 cases already reported in the country, the national government resorted to one of the states of exception provided for in the Constitution by declaring a State of Economic and Social Emergency. From that moment on, and based on the extraordinary powers granted by law, President Iván Duque issued a series of decrees aimed at addressing the emerging health and economic crisis. In total, 115 legislative decrees were issued, which were later subject to review by the Constitutional Court, the body responsible for verifying their compliance with the Constitution. Many of these decrees were declared unconstitutional by the Court, despite having already been applied and enforced. In July 2023, President Gustavo Petro Urrego, also relying on extraordinary powers, issued Decree 1085 of 2023, declaring a state of emergency in the department of La Guajira. As a result of this decree, 11 additional decrees related to the same emergency were issued. However, the Constitutional Court reviewed the decree and declared it unconstitutional. While this review process is an integral part of the Colombian rule of law—where the separation of powers and mutual oversight are essential—the declaration of unconstitutionality of these acts continues to generate uncertainty and side effects within the country's legal system and among those affected by the measures adopted.spaAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalmaster thesisDecretos legislativosLegislative decreesFacultades extraordinariasEstados de excepciónDeclaración de inexequibilidadControl de constitucionalidadEfectos jurídicosExtraordinary powersStates of exceptionDeclaration of unconstitutionalityConstitutional reviewLegal effectshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2