Jiménez, William GuillermoArroyo Paternina, Jose Alfredo2025-07-222025-07-222025https://hdl.handle.net/11396/8869El Contrato de prestación de servicios (CPS), es una figura que utiliza el gobierno Colombiano para satisfacer sus necesidades laborales, que deben ajustarse a un plan anual de la adquisición de bienes y servicios su naturaleza es civil, pero en el desarrollo de este contrato, se transforma dando origen a un contrato realidad de donde nacen las demandas que se constituyen en un posible detrimento patrimonial para la gestión pública del Distrito Capital, por las deficiencias al control de los (CPS) en un lapso de cinco años (2018 a 2022), medido por los fallos judiciales sobre contrato realidad subyacente. El estudio de estos contratos, está basado en las estadísticas enviadas por el Distrito Capital, donde se demuestran los pasivos causados por los fallos adversos de esta clase de demandas en cinco años, con pagos promedio de treinta y seis mil setecientos millones, una suma considerable que se puede decidir en detrimento, por la negligencia el mal uso y otros factores al ser indolente con el manejo inadecuado de los activos del Estado, pero hay otros motivos que incitan a que el Estado celebre estos contratos, como es el hecho de que se estaría ahorrando mucho más en el no pago de las prestaciones sociales, por estos servicios, teniendo en cuenta que existe una media de un millón de contratos de prestación de servicios a nivel nacional aproximadamente, que contribuyen a la administración gubernamental ayudando a mantener el cumplimiento de una labor, bajo normas laborales subyacentes, que en contravía de muchas disposiciones judiciales, el Estado hace caso Omiso a sus observaciones. Cuáles son los beneficios que adquiere el Estado con la celebración de estas clase de contratos?, no se tiene una estadística pero se presume, que sería un ahorro muy grande a nivel nacional por el no pago de las prestaciones sociales y no hay conocimiento por el equilibrio económico entre retribuir sus demanda o ahorrarse unas prestaciones sociales, esta clase de contratación se ha Convertido en una forma clásica de hacer política a nivel nacional, amparados por la necesidad de trabajo y de esta forma se promueven los contratos para pagar favores políticos que se dan a nivel nacional, razón por la cual en una reforma laboral, solo hacen referencia a que no se siga utilizando esta clase de contratos por lo controversialThe Service Provision Contract (CPS) is a mechanism the Colombian government uses to meet its labor needs, which must align with an annual procurement plan for goods and services. Its nature is civil, but during the execution of this contract, it transforms, giving rise to a de facto employment contract ("contrato realidad") from which lawsuits arise. These lawsuits constitute a potential financial loss for the public management of the Capital District due to deficiencies in the control of CPS over five years (2018 to 2022), as measured by court rulings on underlying de facto employment contracts. The study of these contracts is based on statistics provided by the Capital District, which demonstrate the liabilities caused by adverse rulings in these types of lawsuits over five years, with average payments of thirty-six billion seven hundred million pesos. This considerable sum could be determined as a loss due to negligence, misuse, and other factors resulting from indifference towards the improper management of state assets. However, other reasons incentivize the State to enter into these contracts, such as the significant savings from not paying social benefits for these services. This is considering that there is an average of approximately one million service provision contracts nationwide, which contribute to government administration by helping to maintain the fulfillment of tasks under underlying labor regulations. Contrary to many judicial decisions, the State disregards its observations. What benefits does the State gain from entering into these types of contracts? There are no statistics available, but it is presumed that there would be very large savings nationwide due to the non-payment of social benefits. There is no awareness of the economic balance between compensating these lawsuits or saving on social benefits. This type of contracting has become a classic way of conducting politics at the national level, protected by the need for work. In this way, contracts are promoted to repay political favors given at the national level, which is why labor reform proposals only mention ceasing the use of this type of contract due to its controversial naturespaAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 InternationalContratos públicosmaster thesisAnálisis de contratosPrestación de serviciosCelebración de contratosDeficienciasControlDetrimento del patrimonioRealidad subyacentehttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2