Díaz Pedrozo, AlexanderÁlvarez González, Karen LizethMarichal Saavedra, Marvy Johana2019-06-262019-06-262018http://hdl.handle.net/11396/4621El principio de oportunidad, entendido como la facultad de interrumpir, suspender o renunciar a la acción penal, ha sido una de las herramientas más novedosas con las que cuenta el actual sistema penal acusatorio en Colombia, siendo, en muchas ocasiones, un punto muy polémico tanto para la opinión pública como para las mismas víctimas. Así, conceptualmente se entiende que el principio de oportunidad es aplicado por el titular de la acción penal, que en términos generales es la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, en la actualidad, se encuentra la figura del acusador privado, regulada en la ley 1826 de 2017, que mediante la conversión de la acción penal de pública a privada, otorga dicha titularidad de la acción a la víctima, esto a disposición y consideración del fiscal delegado, dejando de lado la idea del monopolio del Estado respecto a la persecución penal.The principle of opportunity, understood as the ability to interrupt, suspend or renounce criminal action, has been one of the most novel tools available in the current accusatory criminal system in Colombia, being, in many cases, a very controversial point. both for public opinion and for the victims themselves. Thus, conceptually it is understood that the principle of opportunity is applied by the owner of the criminal action, which in general terms is the Office of the Attorney General of the Nation. However, at present, there is the figure of the private accuser, regulated by law 1826 of 2017, which by converting the criminal action from public to private, grants said ownership of the action to the victim, this at the disposition and consideration of the delegated prosecutor, leaving aside the idea of the monopoly of the state regarding criminal prosecution.spaAcción penalAcusador privadoProceso especial abreviadoPrincipio de oportunidadLey 1826 de 2017Derecho penal - ColombiaAdministración de justiciaAdministración de justicia penal