Torres Vásquez, HenryMarin Carlos, Karol Valentina2024-09-112024-09-112024-09-09https://hdl.handle.net/11396/8392En la normativa colombiana sobre extinción de dominio, hay lagunas legales que perjudican a terceros, ya que, al ser un campo reciente, no cuenta con una investigación exhaustiva. No se diferencia entre los titulares de derechos reales sobre los bienes incautados y las personas detenidas por el uso indebido de dichos bienes. En el procedimiento de extinción de dominio, la responsabilidad de aportar pruebas recae sobre el afectado, quien debe demostrar que la extinción del bien no procede. La Fiscalía Especializada, por su parte, debe presentar evidencias que acrediten la existencia de causales para la extinción y que el afectado no es un tercero de buena fe exento de culpa. La carga probatoria para el tercero afectado es considerablemente difícil debido a la rigidez de la ley y a los extensos requisitos, que incluyen un análisis detallado de los propietarios o arrendatarios previos. En la práctica colombiana, los compradores no suelen investigar a fondo a los anteriores dueños, sus orígenes y la destinación económica de los bienes. Aunque la propiedad privada es un derecho constitucional, la Corte Constitucional ha enfatizado que no es un derecho fundamental, a menos que implique otros derechos esenciales. Esto crea un vacío legal para aquellas personas sin capacidad económica, cuyo único sustento es el bien objeto de extinción de dominio, afectando no solo su derecho a la propiedad privada sino también a su dignidad humana.spaAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalbachelor thesisExtinción de dominioTercerosDignidad humanaBuena fe exenta de Culpa y Administración de Justiciahttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2