Castañeda Castañeda, Sandra MarcelaTautiva Garzón, Julia CatalinaCastillo Ostos, Fabián DanielHuertas Vargas, Sandra Edith2024-08-122024-08-122024https://hdl.handle.net/11396/8341Los nuevos mecanismos no están cumpliendo adecuadamente con el derecho constitucional a la libre competencia en permitir la compra a las entidades públicas procesos de minima cuantia por medio de grandes almacenes determinados por la superintendencia que son aquellos cuyas ventas bimensuales superan los 3000 salarios mínimos legales mensuales limitando asi la participación de proveedores de medianas y pequeñas.The new mechanisms are not adequately complying with the constitutional right to free competition in allowing public entities to purchase minimum value processes through department stores determined by the superintendency, which are those whose bimonthly sales exceed 3,000 monthly legal minimum wages, limiting thus the participation of medium and small suppliers.La evolución de la competencia libre en Colombia ha sido gradual, marcada por cambios legislativos significativos. Comenzó con la Ley 155 (1959), que estableció protecciones contra la imitación y competencia desleal. La Constitución de (1991) fortaleció estos principios, destacando en su Artículo 333 que la libre competencia económica es un derecho de todos, incentivando así un entorno de mercado justo. Posteriormente, la Ley 1340 de 2009, o Ley de Defensa de la Competencia, se sumó a este marco, enfocándose en prevenir los abusos de posición dominante y otras prácticas que restringen la competencia. En el ámbito público, la administración tiene el deber de utilizar los recursos de manera eficiente, basando los procesos de contratación en la competencia y transparencia, principios reforzados por la Ley 80 de 1993, que rige la contratación estatal enfatizando la transparencia, la economía, la responsabilidad y la libre concurrencia. Actualmente, es esencial analizar cómo el gobierno implementa mecanismos en la contratación pública que aseguren la transparencia y efectividad. La investigación debería comparar la práctica actual con las normativas para determinar si se protege el derecho constitucional a la libre competencia. Aunque la normativa busca proteger principios clave, también puede generar desigualdades, sugiriendo que la libre competencia en la contratación pública podría estar siendo inadvertidamente descuidada, cuestionando el cumplimiento de sus funciones en el contexto legal de ColombiaspaAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 InternationalSuperintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC), libre competencia, contratación estatal, contratación de mínima cuantía, grandes almacenesContratos públicosFunción públicaSolicitudes de cargos públicosmaster thesisCommerce (hereinafter SIC), free competition, state contracting, minimum value contracting, department storesSuperintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC)Libre competenciaContratación estatalContratación de mínima cuantíaGrandes almacenesNormatividadFavorecimientoConstitución políticaTransparenciaEficaciahttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2