El contrato de interventoría financiera como mecanismo de eficiencia económica en la contratación estatal
Fecha
2022Autor
Bogoya Morales, Liliana Rocío
Martínez Osorio, Leydi Yazmin
Título obtenido
Especialista en Derecho con énfasis en Contratación estatal
Director de tesis
Mazuera Ayala, PaulaPublicador
Universidad La Gran Colombia
Facultad
Facultad de Postgrados
Programa
Especialización en Contratación estatal
Citación
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Resumen
La interventoría financiera es un mecanismo jurídico de vital importancia para garantizar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado que debe utilizarse como un medio preventivo a los actos de corrupción en la contratación estatal, motivo por el cual se hace necesario implementarlo como regla de uso general para todas las modalidades de contratación pública. El presente análisis investigativo se realiza por la recurrente preocupación que surge de los infructuosos esfuerzos del Estado y la sociedad civil colombiana, por disminuir los actos de corrupción en la contratación estatal, que siguen generando detrimentos patrimoniales a las arcas de las entidades públicas quienes habiendo comprometido sus presupuestos económicos, no pueden garantizar fehacientemente el cumplimiento de los fines esenciales del Estado cuando surgen malversación de fondos públicos. Haciendo uso de un marco jurisprudencial y apoyándose en la doctrina que ha abordado este tema, se logró articular la casuística como punto de referencia para alcanzar los objetivos trazados en el trabajo de investigación, generando un punto comparativo de gran relevancia para el estudio, entre aquellos casos en los cuales se ha utilizado la interventoría financiera y en los que se omitió el uso de este tipo de consultoría. Por último, este trabajo aborda brevemente el propósito de incentivar al cuerpo legislativo de Colombia para convertir a la interventoría financiera en una regla general de aplicación obligatoria a los contratos estatales en todas sus modalidades que haga las veces de revisor constante que prevenga de forma temprana actos de corrupción que puedan poner en riesgo los recursos públicos comprometidos a los fines esenciales del Estado, dando cumplimiento efectivo a los principios de moralidad y eficacia en la contratación estatal.