La educación universitaria según la Constitución Política colombiana de 1991 es un derecho de las personas y un servicio público con una función social, en principio deberá formar para el mejoramiento cultural, científico y tecnológico en un marco de protección del medio ambiente. Para ello fija unos compromisos de formación moral, física e intelectual, asegurando para los ciudadanos el acceso y permanencia dentro del sistema. Entre las principales novedades y aportes se pueden citar el desarrollo de la autonomía institucional y se definen cuatro tipos de instituciones, técnicas superiores, tecnológicas, universitarias y universidades, se creó el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) como órgano de inspección y vigilancia y el Sistema Nacional de Acreditación para garantizar los altos requisitos de calidad, definiendo como campos de acción el de la técnica, la ciencia, la tecnología, las humanidades, el arte y la filosofía.