Garantía constitucional al derecho a la vivienda digna en los procesos ejecutivos hipotecarios
Date
2019Share
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El presente escrito tiene como finalidad reconocer a partir de la observación e investigación de la adquisición de la vivienda en Colombia. Analizar el derecho constitucional a la vivienda digna acudiendo a cifras actuales respecto de las políticas públicas, créditos hipotecarios y procesos ejecutivos. Determinado el ejercicio hermenéutico de la Corte Constitucional Colombiana desde 1999 al año 2017 desde la concepción de un Estado Constitucional en lo pertinente al derecho a la vivienda digna (C.P. artículo 51), el identificar la evolución de la normativa que aplican los operadores judiciales y reglas jurisprudenciales al momento de debatir un problema jurídico en protección de la vivienda digna dentro de los procesos ejecutivos hipotecarios en concordancia con la normatividad y reglamentación vigente en avenencia con los principios pro homine, la realidad de adquirir propiedad privada a través de un crédito bancario en la modalidad de UVR, exteriorizado las disposiciones que le anteceden como es el UPAC; aprobando el señalamiento que al administrar justicia se presentan irregularidades por desconocimiento e interpretación errónea en aplicación del precedente judicial y de la ley por el operador jurídico y finalmente confiar al Estado que debe realizar políticas de sostenibilidad en armonía con ser un Estado Social de Derecho.
Abstract
The purpose of this article is to analyze the hermeneutic exercise of the Colombian Constitutional Court from 1999 to the year 2017 from the conception of a Constitutional State as it pertains to the right to decent housing (CP Article 51), to identify which regulations are applied by judicial operators when debating a legal problem in housing protection say within the mortgage executive processes in accordance with the regulations and regulations in force with the pro homine principles, the reality of acquiring private property through a bank loan in the modality of UVR, externalized the provisions that precede it as it is the UPAC; approving the statement that when administering justice irregularities are presented due to ignorance and erroneous interpretation in application of the judicial precedent and of the law by the legal operator and finally to trust the State that must carry out sustainability policies in harmony with being a Social State of Law.
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- Derecho (R) [0]
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