Tras la concurrencia de la voluntad de 120 países que aprobaron el texto del Estatuto de Roma, el 17 de julio de 1998, se creó la Corte Penal Internacional, tribunal de carácter permanente al que se le encargó la investigación, juzgamiento y sanción de los máximos responsables de los más graves crímenes que conmueven la conciencia de la humanidad. A la fecha el instrumento creador de la Corte está ratificado por 124 países de los cuales Colombia hace parte, por lo que en principio si bien dicho tribunal tiene competencia para intervenir en el país, su actuar se ve limitado al cumplimiento de los requisitos que hacen admisible una situación ante sus instancias, especialmente en cuanto concierne a los procesos de justicia transicional. Es por ello que el presente proyecto de investigación se refiere a la relación de la Corte Penal Internacional en el escenario de conflicto armado de carácter no internacional en Colombia y la comisión de infracciones al Derecho Internacional Humanitario, crímenes de guerra, en el contexto de implementación de los Acuerdos de La Habana logrados entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), principalmente en lo relativo al aspecto de impartición de justicia, a partir del análisis de los criterios de admisibilidad de los exámenes preliminares de la Oficina del Fiscal de dicho tribunal.