La contracción estatal tiene por finalidad, el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, tal como lo describe la Ley 80 de 1993, el principal responsable para ello, es el servidor público a través de actos de honestidad que siempre deben estar enmarcados dentro de los principios constitucionales de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, todas estas que son reglas de actuación y que tienen aplicación al momento de cualquier gestión que demande su actuar en la administración pública. En consecuencia, los principios que la ley contempla, son herramientas que luchan en contra de la corrupción, y van encaminados a que se brinde como garantías de las partes y frenar ilegalidades e irregularidades. En el cumplimiento de las actividades realizadas, en ejercicio de las funciones atribuidas, el servidor público debe velar por que los bienes, servicios y obras obtenidos de recursos públicos, sirvan efectivamente para el bienestar general, y den cabal cumplimiento a los fines del Estado, la desviación de la contratación y/o el interés particular de la misma, hacen que los servidores públicos sean sujetos de responsabilidad disciplinaria.