La contratación estatal es la principal herramienta con la que cuenta el estado para poder cumplir con los fines constitucionales, entre ellos el derecho a la vida de todas las personas. Dentro de la población hay un grupo de personas que son funcionarios públicos o representantes de la comunidad que por su ejercicio laboral se ven expuestas a un riesgo extraordinario que amenaza su integridad y por lo tanto es responsabilidad del estado colombiano brin dar la protección necesaria para estas personas a través de un proceso de tercerización de la prestación del servicio utilizando los procesos de selección de contratistas habilitados por el estatuto colombiano de contratación garantizando los principios constitucionales coo el de igualdad, transparencia y planeación para evitar el direccionamiento de los procesos de contratación a unos pocos y así limitar la pluralidad de los oferentes.