En Colombia, la corrupción ha afectada el sector político y judicial de manera notoria, causando consecuencias nefastas para el estado en dichos ámbitos, con el agravante social que ello implica. En la actualidad, existen numerosas obras de infraestructura inconclusas a lo largo y ancho del territorio colombiano de carácter público y privado, reflejados en el atraso de infraestructura en que se encuentra el país. Este aspecto constituye el punto de partida del presente trabajo investigativo, considerando como caso de estudio la ciudad de Bogotá donde se establecieron los impactos económicos y sociales que tienen la inclusión de las obras de carácter público, teniendo en cuenta el marco jurídico y los principios que rigen la contratación estatal, así como sus entes de vigilancia y control.