En la Ley 80 de 1993 se introdujo el principio de la autonomía de la voluntad en su artículo 32, esto permite entonces leer que para los contratos sostenidos entre el Estado Colombiano y los particulares se puede dar aplicabilidad a los beneficios que este principio tiene inmersos como que las voluntades de las partes contractuales sean ley para ellas y que el mismo contrato sea dirigido por esas voluntades. Partiendo de la aplicabilidad que este tiene en el derecho privado muchos de los gerentes de empresas privadas en el sector de la salud tienden a confundir el manejo de los contratos con el Estado dándoles el mismo tratamiento que a los contratos con los particulares y es ahí donde estos fallan al momento de asesorar, guiar y tomar decisiones en este tipo de contratación, por la falta de un análisis profundo de la ley. Pero al analizar los momentos propios de la contratación estatal se puede evidenciar que este principio posee límites y más que esto no es posible ejecutarlo a cabalidad en la contratación estatal como si se hace en la privada. Esto debido a los requisitos, la procedibilidad y las necesidades que el mismo contrato Estatal poseen, como por ejemplo la iniciativa de realizar el contrato esta es netamente una necesidad del Estado y está sujeto a requisitos que el contratista debe tener para poder acceder al privilegio de ser contratado. Seguido por la modalidad de ejecutar la contratación, luego la de no poder modificarse a voluntad de las partes y por último la terminación de la obligación, que también está sujeta a marcos legales para proceder y no a la autonomía de la voluntad de las partes. De acá se puede analizar los límites que poseen los contratos del Estado con los particulares para la aplicación de la autonomía de la voluntad de las partes, la desventaja que las empresas privadas tienen al momento de acceder a un contrato con el Estado.