La presente investigación se enmarca en la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, entidad que no tiene establecido ni definido el alcance de las respuestas brindadas por su Sistema de Atención al Consumidor Financiero - SAC; generando con ello un vacío jurídico que no permite dar claridad a las situaciones presentadas en las solicitudes y respuestas de los afiliados a la entidad.