En las últimas décadas, Colombia ha experimentado un aumento desmesurado y ostenido de las Tasas de encarcelamiento. Colombia actualmente posee una población carcelaria bastante alta entre hombres y mujeres, privadas de la libertad entre sindicados y condenados por diversos delitos y como los establecimientos carcelarios son insuficientes, impera el hacinamiento y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC no cuenta con el personal de custodia y vigilancia suficientes para protegerles su vida e integridad personal, derechos inherentes a la dignidad humana. Entonces, esto genera que se presenten bastantes casos donde los internos son lesionados o mueren, sin siquiera poderse identificar a los autores de estas conductas, por imperar la ley del silencio, como es bien conocido por las autoridades encargadas de la vigilancia y custodia de aquellos. La población analizada y estudiada es específicamente la concerniente a los internos que se encuentran en la Cárcel Nacional Modelo y la Picota donde se presentan de manera más notoria todos los casos de violencia expresados debido a las precarias condiciones en la que se encuentran los reclusos, teniendo como cometido inicial identificar la Responsabilidad patrimonial por parte del Estado respecto de las personas privadas de la Libertad cuando se atenta su dignidad humana y su vida e integridad personal. Finalmente, los atentados contra la vida e integridad personal de las personas privadas de la libertad en los diferentes establecimientos carcelarios, deben solucionarse a través de la Reparación Directa por Parte del Estado, bien sea por daños materiales o morales a los familiares de estas víctimas.