Fundamentos constitucionales y legales para el ejercicio de la facultad discrecional en el retiro de los miembros de la fuerza pública

Date
2014Author
Peña Correa, Iván Camilo
Título obtenido
Especialista Derecho Administrativo
Director de tesis
Pérez Ferro, Luis CarlosPublicador
Universidad La Gran Colombia
Facultad
Postgrados
Programa
Especialización Derecho Administrativo
Citación
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Palabras clave
Administración públicaActo administrativo
Retiro fuerza pública
Facultad discrecional
Motivación de los actos administrativos
Actos administrativos
Fuerzas armadas - Legislación - Colombia
Derecho laboral - Sistemas de despido
Metadata
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La facultad especial que posee la administración pública para retirar de forma discrecional al
personal uniformado miembro de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, con el fin de prestar un mejor servicio y mejorar la institución, no puede ser entendido como un acto arbitrario que vulnere derechos fundamentales; toda vez que si bien no existe una norma positiva que regule y establezca un procedimiento para dicha actuación, si existen pronunciamientos jurisprudenciales que han delimitado el poder discrecional del administrador y han sentado las bases para garantizar que estos actos no vayan en contraposición de la constitución y la ley. Todo acto administrativo de retiro bajo la causal de discrecionalidad, debe nacer a la vida jurídica cumpliendo al menos tres requisitos: no debe ser arbitrario, debe ser acorde a los fines del Estado y deben existir unos motivos que propicien tal decisión; los cuales garantizan la legalidad del acto todo ello para evitar que el acto discrecional vaya en contraposición a lo preceptuado por la Corte Constitucional y Consejo de Estado.
Abstract
The special faculty that public administration to withdraw its discretion uniformed staff member of the Armed Forces and National Police in order to provide better service and improve the institution, cannot be understood as an arbitrary act that violates fundamental rights ; given that while there is a positive rule to regulate and establish a procedure for such action , if any judicial rulings that have defined the discretion of the administrator and have laid the groundwork to ensure that these events do not go as opposed to the constitution and law. Any administrative act of removal under the causal discretion, must be born as a legal entity fulfilling at least three requirements: it must not be arbitrary, must be concordant for the purposes of the state and there must be some reasons that favor such a decision; which guarantee the legality of the act to avoid all discretionary act go as opposed to the precepts of the Constitutional Court and Council of State.