Desde la posesión del abogado Alejandro Ordóñez en el año 2009 como Procurador General de la Nación y específicamente con su reelección del 2013, se han venido incrementando las sanciones disciplinarias impuestas a los funcionarios públicos elegidos por voto popular, con ocasión a las funciones que se le han otorgado al Ministerio Público dentro del marco constitucional, quien utiliza sanciones radicales como destituciones e inhabilidades por periodos prolongados que resultan arbitrarias afectando el principio de equilibrio de poderes implementado en nuestro país desde el año 1991. El presente artículo pretende sentar un precedente frente a la facultad disciplinaria que tiene el Procurador General de la Nación, su importancia consiste en evidenciar la falta de garantías procesales y políticas que hay en los procesos disciplinarios adelantados por el Ministerio Público a los funcionarios, máxime cuando son electos por voto popular, con el fin de determinar la legitimidad de dicha función dentro del marco constitucional el cual se fundamenta en la separación de poderes