El ordenamiento vigente de la justicia penal colombiana sufrió un vuelco radical desde el 10 de enero, cuando comenzó a regir la Ley 906 de 2004, que estableció el sistema penal acusatorio en nuestro país; el norte de esta implementación se ajusta a la planeación y estructuración de un diseño institucional acoplado a las peculiaridades de la sociedad colombiana, en especial de su componente te jurídico, tal como lo ilustra la Sentencia C-209 de 2007, la que advierte la particularidad de no haber recurrido a un modelo prefijado que fuere trasplantado de íntegra y mecánica a los requerimientos del sistema judicial, si bien se reconoce que hay antecedentes muy nítidos en las legislaciones de Europa continental, adecuadas al espíritu del Civil Law, y que se amoldaron a la construcción y evolución del sistema penal acusatorio (SPA)en Colombia. (Bolívar Acuña, 2010: 21)