La lucha contra las drogas ilícitas desde finales de la década de los ochenta y hasta nuestros días, ha sido definida como un problema de seguridad nacional en el que se involucran los grupos al margen de la ley y la tiene un enfoque netamente militarista; sin embargo, poco se ha avanzado desde la perspectiva de un problema de salud pública, pese a que se han realizado avances normativos, pronunciamientos en ese sentido desde las altas cortes y algunos sectores de la sociedad enfatizan la necesidad de dar respuesta desde esta orbita