La Convención para la protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la Unesco produce modificaciones tanto en la regulación como en la gestión del patrimonio cultural. En Argentina, esto se presenta a partir del aumento de las normas tutelares del patrimonio, y de la multiplicación de los organismos gubernamentales con competencia sobre el mismo. La superposición regulatoria y administrativa derivada de la intersección de los ordenamientos internacional, nacional y subnacional produce una alteración de la distribución de competencias al interior del Estado. El objetivo de este trabajo es poner de manifiesto esta alteración a partir del análisis de un caso testigo: el proceso de sanción de la ordenación urbana de la ciudad de Colonia Caroya, en la Provincia de Córdoba, Argentina. En el ejido de esta municipalidad se encuentra la Estancia Jesuítica homónima, declarada en el año 2000 Patrimonio Mundial como parte del Conjunto Manzana y Estancias Jesuíticas de Córdoba. A partir del análisis de contenido de un corpus documental se visualiza un conjunto de acciones y gestores en diversos niveles nacionales y sub nacionales que intervienen en la regulación, modificando la distribución de competencias establecida constitucionalmente. Ello da cuenta de los complejos procesos que se producen en la gestión de los sitios del Patrimonio Mundial y exhibe la ausencia de normas articuladoras de los diversos niveles administrativos con atribuciones sobre los mismos.